estadoReportero de Policíacas

A casi nueve meses del crimen que conmocionó a la sociedad chihuahuense, el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Aquiles Serdán se ha convertido en el epicentro de una nueva polémica. Se han difundido señalamientos sobre un trato privilegiado hacia uno de los internos más señalados del sistema penitenciario estatal: Abraham Alejandro “N”, padrastro del menor Jasiel Giovanny C. L., de 9 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en julio de 2025 en un predio baldío al suroriente de la ciudad.

Las versiones recabadas apuntan a que el imputado, quien enfrenta un proceso por el homicidio del niño, gozaría de condiciones de estancia que contrastan de manera evidente con el resto de la población penitenciaria. De acuerdo con los testimonios, el interno se encuentra alojado en un área atípica para su perfil: el área femenil, específicamente en la estancia 5 del sector de ingresos, lo que de entrada ha generado cuestionamientos sobre los criterios de clasificación y seguridad.

Entre los beneficios que se le atribuyen destaca el uso de ropa de marca, calzado deportivo de alto valor comercial y la posesión de una pantalla de aproximadamente 20 pulgadas. A esto se suman piezas de mobiliario adicional para almacenamiento personal, lo que sugiere una capacidad de modificar el entorno carcelario que no está al alcance de la mayoría de los internos.

Uno de los puntos que más ha encendido las alertas es el señalado acceso a servicios restringidos. Fuentes internas indican que Abraham Alejandro “N” contaría con un teléfono celular e incluso internet dentro del penal, una violación directa a los protocolos de seguridad que, de confirmarse, representaría un riesgo tanto para el propio centro como para la integridad del proceso judicial en su contra.

El espacio físico donde permanece también habría sido acondicionado con un sistema de enfriamiento tipo minisplit, un lujo inusual en las instalaciones. Asimismo, se reporta que realiza actividad física de manera regular durante lapsos de hasta dos horas diarias, con la supervisión de personal de custodia, lo que refuerza la percepción de un esquema de vigilancia permisivo.

El capítulo referente a su alimentación resulta igualmente controversial. Mientras la población general consume los alimentos institucionales establecidos en el régimen penitenciario, el imputado habría adquirido comida distinta para desayuno, comida y cena, con un gasto estimado que alcanzaría los mil pesos diarios. Este tipo de prácticas, de ser ciertas, evidenciarían una desigualdad sustancial en el trato dentro del sistema.

La relación con otras internas también ha sido mencionada como parte del entramado de privilegios. Se indica que Abraham Alejandro “N” mantendría una relación cercana con varias mujeres recluidas, de quienes recibiría cartas, chocolates y otros obsequios, una dinámica que podría interpretarse como un reflejo de laxitud en las medidas de control y segregación al interior del módulo.

Un hecho que ha cobrado relevancia en medio de estas denuncias ocurrió durante un operativo de la Guardia Nacional en el área femenil. Según los señalamientos, cuando se ordenó el traslado de las internas para una inspección, personal de custodia intentó evitar que el imputado fuera incluido en la revisión. Esta situación habría generado tensiones dentro del módulo y puso en evidencia un posible trato preferencial por parte de algunos elementos de seguridad.

En el ámbito de la atención médica, también se reportan irregularidades. Se afirma que el interno recibiría servicios de salud diferenciados, distintos a los del resto de la población. Como antecedente, se confirmó que fue sometido a una intervención quirúrgica reciente, aunque no se detalló si el procedimiento se realizó dentro o fuera del penal. Las versiones apuntan además a que el imputado sería advertido con anticipación sobre las revisiones sorpresa, lo que le permitiría ocultar objetos prohibidos antes de la llegada de autoridades externas.

Ante la gravedad de estos señalamientos, la postura oficial brilla por su ausencia. Hasta el cierre de esta edición, ni la Subsecretaría de Seguridad Penitenciaria ni la Fiscalía General del Estado han emitido pronunciamiento alguno sobre los hechos descritos. La falta de información oficial ocurre en un contexto de alta sensibilidad social, donde la exigencia de justicia por el asesinato del menor Jasiel Giovanny sigue latente entre la ciudadanía.

Especialistas en materia penitenciaria han advertido que, de corroborarse estas irregularidades, no solo se pondría en evidencia una falla estructural en los mecanismos de control, sino que también podrían desprenderse responsabilidades administrativas e incluso penales para quienes, desde la custodia o la administración, hayan permitido o facilitado estas condiciones.

Mientras las autoridades no ofrezcan una versión oficial, los señalamientos sobre lujo tras las rejas continúan alimentando el debate público sobre la operación interna de los centros de reinserción social y la urgente necesidad de garantizar que la aplicación de la ley opere bajo principios de legalidad, equidad y transparencia, sin distinciones entre los internos.