La justicia mexicana avanza en el caso de corrupción ligado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Ahora, su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, enfrenta una orden de aprehensión por presuntos desvíos de recursos públicos que habrían afectado el patrimonio estatal.



Un juez de control en materia penal de Chihuahua giró orden de aprehensión contra Gómez Fong, señalada por el presunto desvío de 1,230 millones de pesos. La investigación se suma al proceso que enfrenta Duarte, detenido en julio de 2020 en Miami, Florida, por el delito de peculado agravado.

El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó a Gómez Fong una suspensión provisional el 20 de julio, lo que abre la puerta a que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con las acciones legales en su contra.

De acuerdo con medios locales, Gómez Fong residía con Duarte al momento de su captura en Estados Unidos. El caso ha sido seguido de cerca por el gobierno de Chihuahua, que desde la administración de Javier Corral denunció la falta de voluntad del Gobierno Federal para capturar al exmandatario, pese a que ya había sido ubicado en Albuquerque, Nuevo México, en 2019.

La revista Proceso reveló en agosto de 2020 que Duarte ocultaba en Estados Unidos 22 propiedades a través de familiares y prestanombres, con un valor aproximado de 6 millones de dólares, lo que refuerza la magnitud del entramado financiero que se investiga.


Comentario
El caso de Bertha Olga Gómez Fong expone la profundidad de la corrupción que marcó el sexenio de César Duarte en Chihuahua. La orden de aprehensión contra la esposa del exgobernador no solo amplía el alcance judicial, sino que también plantea preguntas sobre la eficacia del sistema para recuperar los recursos desviados y sancionar a todos los responsables.

La falta de transparencia y la lentitud en los procesos han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones. Si bien la acción contra Gómez Fong representa un avance, la verdadera prueba será si la justicia logra desmantelar las redes de prestanombres y operadores financieros que permitieron ocultar millones en propiedades y activos.