Ciudad de México. La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, volvió a encender la política capitalina con declaraciones en redes sociales contra la diputada federal y vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Gabriela Jiménez, a quien acusó de mantener vínculos con negocios “presuntamente no lícitos” a través de su esposo, el empresario Edgar Garza, dirigente de Que Siga la Democracia.

El origen de la disputa
Cuevas relató que conoció a Jiménez en Azcapotzalco, donde ambas iniciaron sus carreras políticas. Según su versión, la diputada habría financiado videos para atacarla. “Le dije que en vez de atacarme debería contratarme para hacer política y se burló”, recordó.

Posteriormente, Cuevas fue electa alcaldesa de Cuauhtémoc, mientras Jiménez ganó una diputación federal. Sin embargo, la exalcaldesa señaló que la legisladora perdió su curul por “anomalías y cosas turbias en sus votos”.

Acusaciones recientes
En su transmisión en vivo, Cuevas calificó a Jiménez de “tramposa” y aseguró que su esposo, Edgar Garza, “inyectó dinero a la campaña” de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que le habría permitido mantenerse con posiciones de poder dentro de la 4T.

También recordó que Garza fue expulsado de Morena por participar en la conformación de Que Siga la Democracia fuera de los estatutos del partido, lo que generó incomodidades para Jiménez y cuestionamientos sobre su papel como vicecoordinadora.

Reacciones en la 4T
No es la primera vez que la relación con Garza genera controversia para Jiménez. En Azcapotzalco, incluso fue abucheada en una asamblea oficialista. Ahora, las acusaciones de Cuevas vuelven a ponerla en el centro de la polémica, en un contexto donde las tensiones internas de Morena se reflejan en disputas personales y cuestionamientos sobre financiamiento político.

Comentario
Sandra Cuevas ya no es alcaldesa, pero sigue siendo protagonista: ahora desde sus transmisiones en vivo, lanza acusaciones como si fueran trending topic. En la política de la CDMX, los pleitos personales se convierten en debates públicos y los “presuntos negocios” en combustible para la polémica.