Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

La diputada de Chihuahua, Rosana Díaz, dio lectura a un posicionamiento del Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua, en el que se hace un llamado a las y los legisladores a garantizar un proceso transparente, imparcial y basado en méritos para la elección de la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Durante su mensaje ante medios de comunicación en el Congreso del Estado de Chihuahua, la legisladora expuso que las organizaciones firmantes señalaron la necesidad de contar con un organismo que opere bajo principios de independencia, autonomía, imparcialidad y neutralidad política, reconociendo al mismo tiempo que en la práctica estos criterios no siempre se han cumplido.

El documento advierte que existen dinámicas partidistas y decisiones políticas que han influido en procesos anteriores, lo que ha limitado la consolidación de una institución plenamente enfocada en la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, se subraya que las convocatorias han favorecido perfiles provenientes del servicio público, lo que podría comprometer la percepción de independencia del organismo.

Asimismo, se expone que en México existen antecedentes, como la designación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde —según el posicionamiento— la lógica partidista se impuso sobre perfiles considerados idóneos, lo que consideran un referente relevante para el proceso local.

El Movimiento Estatal de Mujeres también expresó su preocupación de que la actual elección en Chihuahua se vea afectada por conflictos político-electorales ajenos al proceso, lo que podría debilitar la confianza ciudadana en el Poder Legislativo y en la propia Comisión Estatal.

No obstante, reconocieron como positivo que exista consenso para que una mujer encabece la Comisión, así como la integración de una terna con perfiles sólidos, destacando particularmente a quienes obtuvieron las calificaciones más altas.

En este contexto, las organizaciones plantearon que, en un criterio de justicia y objetividad, la designación debería favorecer a la persona con la mayor calificación dentro de la terna, evitando mecanismos como sorteos o “tómbolas”, los cuales —advirtieron— podrían debilitar la legitimidad del proceso.

También enfatizaron que actualmente no existen condiciones equitativas para que perfiles de la sociedad civil accedan a la titularidad, a diferencia de lo que ocurre en otros estados como la Ciudad de México, donde se han consolidado perfiles con trayectoria independiente.

El posicionamiento subraya la urgencia de concretar la designación, al señalar que desde 2024 la Comisión Estatal de Derechos Humanos carece de titular, lo que limita su capacidad de atención ante posibles violaciones a derechos fundamentales.

Tras dar lectura al documento, la diputada Rosana Díaz fijó postura sobre el sentido de su voto, indicando que se apegará al criterio de evaluación técnica. “Hay calificaciones de 99, 96 y 93; se debe votar por la más alta”, expresó, al descartar ambigüedades y señalar que su decisión responde a un principio de mérito y congruencia.

Acusó que durante el proceso se ha intentado “empañar” una candidatura, sin precisar nombres, e insistió en que la decisión debe centrarse en la capacidad y evaluación objetiva de los perfiles.