Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

En medio del creciente flujo migratorio que atraviesa el norte del país, el Congreso del Estado de Chihuahua reactivó el debate para actualizar su marco normativo en materia de movilidad humana, al reconocer que la legislación vigente arrastra rezagos desde 2016 y carece de adecuaciones frente al contexto actual.

Durante el foro “Nueva Política Migratoria y de Asilo en el Estado de Chihuahua”, realizado este 21 de abril de 2026, legisladores locales, representantes diplomáticos y autoridades coincidieron en la necesidad de construir una política más integral que responda tanto al tránsito como al asentamiento de personas migrantes en la entidad.

El encuentro reunió a representantes consulares de países centroamericanos, entre ellos El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que refleja el peso que estas nacionalidades tienen dentro de los flujos migratorios que cruzan por la región. La participación internacional fue clave para aportar perspectivas sobre atención humanitaria, protección de derechos y coordinación institucional.

Autoridades legislativas señalaron que Chihuahua se ha consolidado como un punto estratégico dentro de las rutas migratorias, no solo como zona de paso hacia la frontera con Estados Unidos, sino también como destino temporal o permanente para miles de personas.

En ese contexto, uno de los principales cuestionamientos expuestos en el foro gira en torno a la falta de reglamentación efectiva de la ley estatal vigente, lo que ha limitado su aplicación práctica y la capacidad de respuesta ante fenómenos como el desplazamiento forzado, las solicitudes de asilo y la atención a grupos vulnerables.

El análisis también se centró en la necesidad de fortalecer la coordinación con instancias federales como el Instituto Nacional de Migración (INM), organismo encargado de regular y supervisar la migración en el país, particularmente en temas de regularización, atención humanitaria y control de flujos.

A lo largo del foro, se plantearon propuestas orientadas a modernizar la legislación estatal, incorporar enfoques de derechos humanos y establecer mecanismos más claros de colaboración entre autoridades locales, federales y organismos internacionales.

Este ejercicio de diálogo marca el inicio de una posible ruta legislativa que buscaría actualizar una ley que, según reconocen los propios actores políticos, ha quedado rebasada por la realidad migratoria actual. La expectativa es que las conclusiones del foro deriven en iniciativas concretas que permitan a Chihuahua responder de manera más eficaz a uno de los fenómenos sociales más complejos de la región fronteriza.