Hay un proverbio popular que dice que el cinismo es la virtud de los que no tienen ninguna. Pocas frases describen mejor la reacción del gobierno federal ante los sucesos ocurridos en la sierra de Chihuahua, cuando un convoy de la Agencia Estatal de Investigación regresaba de desmantelar uno de los laboratorios de metanfetamina más grandes registrados en el país, en la sierra, cuando una de las camionetas derrapó, cayó por un barranco y explotó, matando a cuatro personas: el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta y dos funcionarios vinculados a la Embajada de Estados Unidos.

La tragedia fue real y el duelo, legítimo. Pero la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue de solidaridad con quienes combatían el narcotráfico en las montañas de Chihuahua. Fue de fiscalización. “No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de EE.UU. en México”, declaró la mandataria, exigiendo información al gobierno estatal y advirtiendo sobre posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. El gobierno federal, que durante meses miró hacia otro lado mientras Sinaloa ardía, de pronto se volvió un celoso guardián de la soberanía y el marco constitucional. El timing resulta, cuando menos, revelador.

Porque conviene recordar lo que ocurrió en julio de 2024. Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024, cuando Sinaloa estaba entrando en una nueva espiral de violencia tras el secuestro del líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, y su facción entró en guerra con la liderada por los hijos de Guzmán. Aquella operación, que sacudió al cártel más poderoso del país y encendió una guerra fratricida con centenares de muertos, ocurrió sin que el gobierno mexicano moviera un dedo, ni antes ni después.

La pregunta que nadie en Palacio quiere responder es incómoda pero necesaria: ¿por qué cuando Sinaloa se desangraba el gobierno federal no investigó nada, no cuestionó nada, no exigió nada, y en cambio cuando Chihuahua actúa, opera y destruye narcolaboratorios, la respuesta inmediata es una investigación sobre su legalidad? Una de las probables razones de que agentes estadounidenses estén actuando al margen del gobierno federal es la creciente exasperación con la Presidencia por su inacción en iniciar investigaciones sobre políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado. Dicho de otra manera: la omisión federal empujó a los estados a actuar por su cuenta. Y ahora se les reprocha por haberlo hecho.

Lo que está en juego aquí es algo más profundo: la evidencia de que el combate real al crimen organizado en México avanza en los estados que se atreven a actuar, precisamente porque el gobierno federal ha normalizado la parálisis. Chihuahua enterró a su director de la AEI y a su escolta combatiendo en la sierra. El gobierno federal los investiga desde un escritorio en Palacio Nacional. Que cada quien saque sus conclusiones. Al tiempo.