Chihuahua, México. El gabinete de seguridad federal, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, informó este sábado que los dos agentes estadounidenses fallecidos en un accidente automovilístico en Chihuahua ingresaron al país sin permisos para realizar operaciones en territorio nacional.

Detalles del ingreso
Uno de los agentes entró como visitante, sin autorización para actividades remuneradas.

El otro lo hizo con pasaporte diplomático, pero sin acreditación formal para participar en tareas operativas.

El comunicado oficial subrayó que ni las instituciones de seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando en México.

Implicaciones políticas
La revelación aumenta la presión sobre la gobernadora panista Maru Campos, señalada por haber orquestado un operativo con participación ilegal de agentes extranjeros. Campos deberá comparecer el próximo martes ante el Senado, junto con el fiscal local César Jáuregui, para explicar lo sucedido.

La sesión ha generado polémica: el PAN la califica como inconstitucional, argumentando que la Cámara Alta no tiene atribuciones para citar a gobiernos estatales. Sin embargo, el oficialismo busca profundizar las investigaciones y reforzar que toda cooperación internacional en materia de seguridad debe pasar por los mecanismos constitucionales y contar con aprobación del Senado.

Respuesta presidencial
La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente:

“La soberanía no se negocia”.

Denunció que la gobernadora violó la ley y acusó al PAN de tener una “visión antipatriótica”. Sheinbaum reiteró que ningún estado puede permitir operativos de agencias extranjeras sin autorización federal, en apego a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Comentario editorial
El caso Chihuahua expone una fractura delicada: la tensión entre la cooperación internacional en seguridad y el respeto a la soberanía nacional. Mientras el oficialismo busca marcar límites claros, la oposición denuncia excesos en las atribuciones del Senado. El trasfondo es evidente: la seguridad se ha convertido en un campo de disputa política, donde cada error operativo se transforma en arma de confrontación.