Nueva York / Ciudad de México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, presentó este miércoles una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La acusación
El expediente sostiene que Rocha y su círculo cercano habrían facilitado operaciones de narcotráfico y tráfico de armas a cambio de sobornos y respaldo político del grupo criminal. Según la fiscalía, la red operó desde posiciones de poder en Sinaloa para garantizar el envío de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.

Funcionarios implicados
Entre los señalados aparece Enrique Inzunza Cázarez, uno de los cuadros políticos más cercanos a Rocha, además de altos mandos de seguridad y operadores locales. La acusación describe una red de protección institucional que habría sido clave para sostener la operación territorial del cártel.

Impacto político
La imputación abre una nueva crisis en Morena y golpea directamente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que enfrenta crecientes cuestionamientos por los presuntos vínculos de miembros de la 4T con organizaciones criminales.

Comentario editorial
La acusación contra Rocha marca un punto de inflexión: por primera vez un gobernador en funciones es señalado formalmente en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. El impacto político es inmediato y erosiona la narrativa oficial de combate al crimen organizado. Para Morena y el gobierno federal, el desafío será contener el daño y demostrar que la justicia mexicana puede actuar con independencia, antes de que Washington imponga su propia agenda.