Ciudad de México. La acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, comienza a extenderse hacia su círculo más cercano. La atención se centra ahora en su yerno, José Antonio Cano Félix, quien ocupa un cargo estratégico en Pemex con acceso directo a los sistemas digitales que controlan la red nacional de ductos.

Un puesto clave en Pemex
Cano Félix es subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicación (STIC) desde finales de 2024. Desde esa posición supervisa el sistema SCADA, que monitorea en tiempo real más de 80,000 kilómetros de ductos de crudo, gasolina y diésel. También gestiona ciberseguridad, hardware, software e inteligencia de datos de la petrolera estatal.

De acuerdo con especialistas del sector energético, esta área tiene acceso a información operativa altamente sensible. Para las autoridades estadounidenses, la posibilidad de que un funcionario con vínculos familiares con Rocha controle esa infraestructura resulta alarmante en el contexto de la lucha contra el huachicol fiscal y el robo de combustible.

Trayectoria cuestionada
Antes de llegar a Pemex, Cano Félix ocupó cargos en el ISSSTE y en la Lotería Nacional. La Auditoría Superior de la Federación lo señaló en 2017 por un presunto daño patrimonial de 417 mil pesos durante su gestión en áreas tecnológicas. Su arribo a Pemex también generó quejas internas por despidos considerados injustificados.

Además, registros del INE muestran que realizó una donación de 55,800 pesos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Escenario político y judicial
La investigación estadounidense plantea un escenario delicado: si se comprobara que el entorno familiar de Rocha está coludido con el Cártel de Sinaloa, el crimen organizado habría tenido acceso privilegiado a la infraestructura energética más estratégica del país.

El propio Rocha reconoció la gravedad del momento al declarar que no podía “dar la cara por nadie”, en referencia a los señalamientos que ahora alcanzan a su familia.

Comentario editorial
La extensión de la investigación hacia Cano Félix eleva la crisis a un nivel institucional: ya no se trata solo de vínculos políticos, sino de un posible acceso del crimen organizado a la infraestructura energética nacional. El caso amenaza con golpear la narrativa de la 4T sobre el combate al huachicol y coloca a Pemex en el centro de la tormenta. La presión de Washington se intensifica y el margen de maniobra de Sheinbaum se reduce.