El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, consideró que la intención de legisladores federales de MORENA de promover un juicio político contra la gobernadora Maru Campos responde a un cálculo político más que a fundamentos legales.

El funcionario estatal sugirió que esta postura surge tras el señalamiento realizado por autoridades de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que —dijo— reavivó la tensión en el escenario político nacional.

De la Peña recordó que previamente el Senado de la República había planteado la comparecencia de la mandataria estatal por el caso del desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua, sin que en ese momento existieran elementos suficientes para impulsar un juicio político.

Afirmó que el tema ha sido retomado bajo una lógica partidista y no jurídica. “Se trata más de un posicionamiento político que de un planteamiento con sustento real”, expresó al referirse a la discusión reactivada tras la difusión de información internacional.

Asimismo, cuestionó la postura del grupo parlamentario de MORENA, al señalar que la reacción no fue la misma cuando el señalamiento recayó sobre uno de sus integrantes.

“Más que hablar de hipocresía, hablaría de incongruencia”, apuntó, al comparar las exigencias hacia la gobernadora con la respuesta frente a acusaciones externas contra otros actores políticos.

El secretario general añadió que la solicitud de comparecencia se sustentó en especulaciones y argumentos poco sólidos, los cuales —afirmó— provinieron más de posturas viscerales que de análisis objetivos por parte de algunos legisladores.

Finalmente, sostuvo que la reaparición del tema obedece a intereses políticos coyunturales y no a la existencia de pruebas claras que justifiquen un proceso de carácter judicial.