Ciudad de México. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, enfrenta una de las coyunturas más delicadas de su carrera política tras la acusación en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El dilema estratégico
Como principal enlace del gabinete de Claudia Sheinbaum con Washington, Harfuch comparte la misma encrucijada que la presidenta: colaborar con Estados Unidos o defender a un aliado de López Obrador. En su caso, con un matiz adicional: su proyecto presidencial hacia 2030.

En el terreno operativo —detenciones, extradiciones, inteligencia— Harfuch es considerado un socio confiable por las agencias estadounidenses. Pero el caso Rocha introduce un componente político inevitable: si no colabora, corre el riesgo de ser visto como un obstáculo, un eco del fantasma de Genaro García Luna.

Pruebas contundentes
En Palacio Nacional se reconoce que las pruebas contra Rocha serían “fulminantes”: material fotográfico y fílmico, registros bancarios de familiares, propiedades y un testimonio explosivo vinculado a la muerte de Héctor Melesio Cuen. Negar su contundencia sería una salida política que no resuelve el fondo del drama.

Un empresario cercano a la presidencia lo resumió:

“El Gobierno necesita un abogado de alto vuelo para contrarrestar a la fiscalía de Nueva York. Ulises Lara no es la salida más atinada”.

La presión de Washington
La Casa Blanca ofrece a Sheinbaum la oportunidad de entregar a Rocha. Si se demora, crece el temor de que Estados Unidos actúe de manera unilateral, como ocurrió en Caracas en enero.

El embajador Ronald Johnson ha endurecido su postura tras un viaje a Sinaloa marcado por protestas ambientales. Desde entonces, comenzaron artículos en la prensa estadounidense sobre quita de visados y posibles capturas, incluido el reportaje del Wall Street Journal que describió la tensión cotidiana en Palacio Nacional.

Diplomacia en contraste
La discreción de Johnson contrasta con la cercanía del exembajador Ken Salazar, quien solía frecuentar Palacio Nacional. Johnson casi no acude al recinto presidencial; las reuniones se realizan en la embajada, sin fotos ni registros públicos. Esa preferencia por lo secreto alimenta la percepción de que el gobierno de Sheinbaum enfrenta “la suma de todos los miedos”.

Comentario editorial
El caso Rocha coloca a García Harfuch en una prueba de fuego: demostrar que puede sostener la cooperación con Estados Unidos sin dinamitar la cohesión interna de la 4T. Su futuro político depende de cómo resuelva esta encrucijada. La discreción del embajador Johnson y la contundencia de las pruebas anticipan que el desenlace será decisivo no solo para la relación bilateral, sino para las aspiraciones presidenciales del propio Harfuch.