Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano, lanzó fuertes críticas contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y contra el delegado federal del organismo en Chihuahua, al señalar que no se han realizado suficientes foros informativos sobre la nueva Ley de Aguas Nacionales y por los retrasos que persisten en miles de trámites relacionados con el programa de subsidio eléctrico agrícola conocido como PEUA.

Durante declaraciones a medios de comunicación, el alcalde deliciense mostró su molestia por la situación que enfrentan productores agrícolas de la entidad, quienes —aseguró— continúan afectados por la falta de resolución en sus expedientes y por la incertidumbre generada tras las modificaciones legislativas en materia hídrica.

En medio de sus declaraciones, Valenciano elevó el tono contra el delegado de Conagua, reclamando la ausencia de espacios de diálogo con agricultores y usuarios del agua. El edil cuestionó que no se estén escuchando las inquietudes del sector agrícola en un momento que calificó como crítico para el estado.

Las declaraciones del alcalde ocurren en medio del debate nacional por la nueva Ley de Aguas, una reforma que ha generado preocupación entre productores y representantes del campo, particularmente por posibles afectaciones en concesiones, trámites y derechos relacionados con el uso del agua.

Valenciano también insistió en que el problema del PEUA continúa sin resolverse, pese a compromisos previos realizados por autoridades federales para agilizar miles de expedientes rezagados en Chihuahua. En semanas recientes, el propio alcalde denunció que existen decenas de miles de trámites pendientes y acusó a Conagua de no atender adecuadamente las necesidades de los productores chihuahuenses.

Asimismo, advirtió que la falta de respuestas concretas podría provocar una crisis aún mayor para el campo chihuahuense, especialmente ante la sequía y los altos costos que enfrenta actualmente el sector agrícola.

El tema de la Ley de Aguas ha provocado confrontaciones entre autoridades, legisladores y productores en distintos estados del país, mientras organizaciones agrícolas continúan exigiendo mayor información y mesas de análisis sobre los alcances de la reforma.