Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua salió este jueves a defender la actuación del gobierno estatal tras dos hechos ocurridos esta semana: la sesión maratónica de más de seis horas celebrada el miércoles en el Congreso del Estado, que derivó en insultos, expulsiones y acusaciones cruzadas entre bancadas, y el desmantelamiento de un narcolaboratorio en territorio chihuahuense que ha generado un intenso debate político entre el oficialismo federal y la oposición local. En rueda de prensa, el coordinador de la bancada priista, Roberto Arturo Medina Aguirre; la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Janeth Montes López; el presidente del PRI Municipal, Guillermo Patricio Ramírez; y el diputado José Luis Villalobos coincidieron en señalar a Morena como responsable de ambas situaciones y respaldaron sin reservas el liderazgo de la gobernadora Maru Campos Galván.

Sobre lo ocurrido en el Congreso del Estado, Medina Aguirre calificó la sesión del miércoles como algo “lamentable”, y atribuyó directamente a los diputados de Morena haber provocado el clima de tensión que terminó en insultos y en la salida forzada de algunos asistentes del recinto legislativo. Explicó que la bancada morenista exigió la expulsión de ciertas personas que se encontraban en el pleno como ciudadanos en su pleno derecho, ya que el Congreso del Estado, dijo, es la casa de los chihuahuenses. La bancada del PRI, subrayó, rechaza totalmente esa actitud, pues si se iba a pedir la salida de alguien, la medida debió aplicarse de manera general y no de forma selectiva para amedrentar a quienes no comparten la postura de Morena.

Ramírez, en su calidad de presidente de la mesa directiva del Congreso, señaló que la institución siempre ha procurado que el debate se lleve con respeto, altura y apertura al diálogo, independientemente de las diferencias ideológicas entre las bancadas. Reconoció que en temas de la magnitud del que se discutió el miércoles los ánimos se calientan y el tono sube, pero sostuvo que eso no justifica los excesos que se presentaron. Se dijo abierto a responder cualquier pregunta de los medios sobre el desarrollo de la sesión y el papel que jugó la presidencia de la mesa directiva en el manejo del orden durante el debate.

Respecto al narcolaboratorio desmantelado en Chihuahua, los representantes del PRI rechazaron con dureza los cuestionamientos que el día anterior había lanzado el diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada, quien preguntó en tribuna por qué no hubo detenidos, por qué no fue asegurado ningún bien y si pudo haber colusión entre las autoridades locales y la banda criminal que opera en la zona donde se ubicaba el laboratorio. Medina Aguirre respondió leyendo ante los medios el comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, en el que se detalla que durante el operativo se elaboró un inventario pericial en el que se registraron más de 55,000 litros de sustancias líquidas y poco más de 50 toneladas de precursores químicos y sustancias esenciales en estado sólido. Con esa información en la mano, el coordinador priista preguntó cómo puede afirmarse que no se incautó nada.

Medina Aguirre fue más allá y cuestionó directamente a Morena sobre el tiempo que debió haber operado ese laboratorio sin ser detectado, argumentando que una instalación de esa escala no se levanta en días ni en semanas, lo que implica que existió durante un periodo prolongado. En ese sentido, consideró que las preguntas que debería estar haciendo la bancada morenista no son sobre la actuación del gobierno de Chihuahua, sino sobre por qué el gobierno federal no tuvo conocimiento —o no actuó— frente a una operación de esa magnitud en su propio territorio. Calificó de “vergüenza” el intento de Morena de reencuadrar el tema como un asunto de soberanía nacional en lugar de reconocer el daño que esa droga habría causado de haber circulado en las calles y entre los jóvenes chihuahuenses.

Villalobos abordó la postura de la bancada morenista, que a través de su coordinador Cuauhtémoc Estrada había planteado la posibilidad de llevar el caso ante la Fiscalía de Unidad Política y había sugerido que la gobernadora Maru Campos debería pedir licencia para que la investigación sobre el narcolaboratorio se desarrolle con mayor transparencia. Ante esa propuesta, Villalobos respondió que cualquier análisis de ese tipo tendría que hacerse desde un estricto ámbito jurídico, respetando el derecho de audiencia, la presunción de inocencia y el derecho a presentar pruebas. Señaló que al momento no existen elementos suficientes para siquiera considerar esa petición, y que el PRI no va a avalar acciones que no tengan sustento legal claro.

En un tono más positivo, Medina Aguirre destacó los resultados de una encuesta publicada ese mismo jueves que muestra que una mayoría considerable de los chihuahuenses apoya a la gobernadora Maru Campos y su gestión en materia de seguridad. Dijo que ese respaldo ciudadano refleja que la gente valora tener un gobierno que actúa, que coordina con las autoridades federales para desmantelar estructuras criminales y que da resultados concretos, como la destrucción del narcolaboratorio. Contrastó esa percepción ciudadana con el discurso del gobierno federal, que en su opinión ha preferido politizar el hallazgo en lugar de reconocer la gravedad de lo que representaba para las familias chihuahuenses.

Montes López añadió que mientras en Chihuahua se destruyen narcolaboratorios, en otros estados gobernados por Morena la situación de inseguridad se agrava sin que el gobierno federal tome medidas efectivas. Puso como ejemplo el caso del alcalde de Morelos, también militante de Morena, respecto a quien preguntó por qué la bancada morenista en el Congreso del Estado no ha exigido también su comparecencia, dado que enfrenta señalamientos similares a los que se usan para atacar al gobierno chihuahuense. Consideró que esa selectividad revela que el objetivo de Morena no es la transparencia ni la justicia, sino el uso político de los temas de seguridad en contra de los gobiernos de oposición.

En su cierre, Villalobos subrayó que la Fiscalía General de la República ha citado a más de 50 agentes de la Fiscalía de Chihuahua en el marco de las investigaciones relacionadas con el narcolaboratorio, mientras que no ha citado a un solo funcionario de gobiernos morenistas en Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas ni Michoacán, estados donde los señalamientos de vínculos con el crimen organizado son igualmente graves o mayores. Calificó esa actuación como una persecución política disfrazada de investigación judicial, y reiteró el respaldo total del PRI a la gobernadora Maru Campos, a quien reconoció valentía y liderazgo al frente de un estado que, a diferencia de muchos otros, está dando resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico.