Culiacán, Sinaloa, 18/05/26 (Más).- Un presunto enfrentamiento verbal entre la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, y el general Santos Delgado Soto sacudió la política estatal en medio de la crisis de violencia y los señalamientos sobre vínculos entre actores políticos y grupos criminales.

De acuerdo con información difundida por Sin Fronteras, la discusión se originó en torno a la salida del general Gerardo Mérida y la situación de seguridad en la entidad. El mando militar habría rechazado los señalamientos del gobierno estatal contra la Sedena por el deterioro de las condiciones de seguridad.

Según las versiones, Delgado Soto responsabilizó al entorno político ligado al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de la violencia que afecta a Sinaloa.
Durante el intercambio, habría lanzado frases como: “Los culpables son ustedes, los que han hecho todo este desmadre. Ustedes tienen a Sinaloa ardiendo”.
También habría advertido: “No vengan a culpar al Ejército de lo que ustedes mismos provocaron”, defendiendo la actuación de las Fuerzas Armadas.

El tono subió aún más cuando el general supuestamente reclamó a Bonilla por intentar deslindar responsabilidades, llegando a decir: “No sea usted sinvergüenza”, frente a otros funcionarios.

El episodio reaviva la atención sobre presuntas relaciones entre actores políticos y grupos del crimen organizado en Sinaloa. Reportes previos habrían advertido sobre movimientos ligados a personajes cercanos al grupo político de Rocha Moya, aunque sin derivar en acciones concretas.

Tras el intercambio, Bonilla habría buscado comunicarse con la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la confrontación. Hasta ahora, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado oficialmente el contenido de la discusión.

El caso se compara con antecedentes en Tabasco, donde inteligencia militar alertó sobre nexos entre funcionarios y grupos criminales como La Barredora, sin que esas advertencias fueran atendidas.

En medio de la polémica, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, pidió separar del movimiento político a funcionarios ligados a actividades ilícitas, acusando que algunos han protegido intereses ajenos a la ciudadanía.

Ni el gobierno estatal ni la Sedena han emitido postura oficial detallada sobre los hechos.


Comentario editorial
La confrontación entre la gobernadora interina y un mando militar refleja el vacío de autoridad en Sinaloa: mientras los políticos se defienden de acusaciones, los militares rechazan cargar con culpas ajenas. El resultado es un estado atrapado entre la violencia y la disputa de poder, donde la ciudadanía sigue siendo la gran ausente en las prioridades.

“Cuando el poder se pelea por las culpas, la calle paga las consecuencias.”