Nota y fotos por Silver Juárez Arce

A tan solo 12 días de que venza el plazo establecido por las autoridades federales para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, Chihuahua se ha convertido en uno de los principales focos de oposición a la medida, con más de 10 mil amparos promovidos por ciudadanos que buscan evitar la vinculación de sus números telefónicos con la CURP y la entrega de datos personales.

Durante una entrevista con Efraín Rodríguez, representante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, informó que la cifra de recursos legales continúa creciendo conforme se acerca la fecha límite del 30 de junio de 2026, día fijado para completar el registro nacional.

Según explicó, la estrategia jurídica impulsada por el coordinador parlamentario Francisco Sánchez Villegas ha permitido que miles de ciudadanos tramiten amparos para intentar frenar una disposición que consideran invasiva y contraria a derechos fundamentales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.

“El gobierno federal puso como fecha límite el 30 de junio para que toda la ciudadanía se registre. Nosotros estamos promoviendo amparos para evitar que las personas tengan que entregar sus datos biométricos y someterse a una medida que consideramos arbitraria”, declaró Rodríguez.

La movilización ha alcanzado distintas regiones del estado. Además de la ciudad de Chihuahua, donde operan módulos permanentes en la zona centro, también se han instalado puntos de atención en Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Delicias, Camargo, Cuauhtémoc y Meoqui, además de brigadas itinerantes en mercados y espacios públicos.

De acuerdo con Rodríguez, la demanda se ha disparado en las últimas semanas.

“Hace dos semanas atendíamos entre 30 y 40 personas al día; actualmente estamos superando las 100 personas diarias solamente en algunos módulos”, afirmó.

El representante sostuvo que la principal preocupación de los ciudadanos es la posible vulneración de información sensible y el riesgo que implica concentrar datos personales vinculados a millones de usuarios de telefonía móvil.

Uno de los aspectos más polémicos de la nueva disposición es que las líneas que no sean registradas antes del vencimiento del plazo podrían ser suspendidas para llamadas, mensajes y acceso a datos móviles, conservando únicamente la posibilidad de comunicarse con números de emergencia.

Rodríguez calificó esta medida como una forma de presión hacia los usuarios.

“Si una persona compró su teléfono y paga puntualmente su servicio, resulta difícil entender por qué podría perder el acceso a su línea por negarse a entregar información personal adicional”, expresó.

Otro de los temas que ha comenzado a generar inconformidad es el caso de usuarios que aseguran haber sido registrados por compañías telefónicas sin haber otorgado consentimiento expreso. Según Movimiento Ciudadano, también se están promoviendo recursos legales para quienes buscan darse de baja del padrón o impugnar registros realizados sin autorización.

La controversia ocurre mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene firme la fecha límite del 30 de junio y ha reiterado que no contempla otorgar prórrogas para cumplir con el proceso.

Con más de 10 mil amparos acumulados y una demanda creciente en los módulos de atención, Chihuahua se ha colocado en el centro de una batalla legal que podría escalar a nivel nacional en los próximos días, justo cuando millones de usuarios en todo el país enfrentan la decisión de registrarse o arriesgarse a la suspensión de sus líneas telefónicas.