Ciudad de México.— La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso diez sanciones administrativas contra el Banco del Bienestar por irregularidades detectadas entre 2020 y 2023, lo que detonó tensiones en el equipo económico del gobierno. Las multas abarcan incumplimientos regulatorios, errores contables, deficiencias en gestión de riesgos y fallas en medidas de seguridad.

El regulador, encabezado por Ángel Carrera, justificó la decisión en términos técnicos, pero en Hacienda se interpreta como un movimiento con trasfondo político. Voceros cercanos al secretario Edgar Amador consideran que la acción refleja la influencia del exsecretario Rogelio Ramírez de la O, quien reapareció recientemente impulsando la candidatura de Roberto Lazzeri a la embajada en Washington.

En Hacienda culpan a Ramírez de la O de no haber contenido las sanciones del Tesoro contra Vector, CI Banco e Intercam, lo que dejó huella en el sector financiero.

La sanción al Banco del Bienestar ocurre justo un año después de ese episodio, alimentando el temor de un nuevo embate desde EE.UU.

El banco estatal interpuso un amparo ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, acusando “daño reputacional irreversible e irreparable” y calificando la publicación de las multas como una “picota pública”.

La SHCP aclaró que las sanciones no afectan la solvencia ni la operación cotidiana del banco, y que las observaciones ya fueron atendidas con acciones de fortalecimiento interno.

El Banco del Bienestar, creado en 2019, es la institución financiera del Estado encargada de dispersar programas sociales, con más de 2,700 sucursales en operación.

En 2023, la CNBV sancionó a diversas entidades financieras por incumplimientos regulatorios, en línea con estándares internacionales de supervisión.

El “daño reputacional” es uno de los principales riesgos para bancos estatales, dado que su función está ligada a la política social y a la confianza pública.

Comentario
El Banco del Bienestar dice que las multas son “irreparables” para su reputación, pero asegura que su solvencia está intacta. En otras palabras: el dinero está seguro, pero la imagen ya no tanto.

En resumen: la CNBV cumple con su papel técnico, Hacienda acusa juego político y el banco estatal se defiende en tribunales. El resultado: más tensión en un equipo económico que ya camina sobre rieles frágiles.