Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, criticó la reciente reforma electoral aprobada por la mayoría legislativa, al asegurar que contiene disposiciones que, a su juicio, benefician a los partidos políticos al permitir que candidatos que no obtengan el triunfo en las elecciones municipales puedan integrarse posteriormente a los cabildos como regidores.

Durante una rueda de prensa, el legislador cuestionó que el Partido Acción Nacional (PAN) respaldara modificaciones que, dijo, son distintas a las planteadas originalmente por ese instituto político y que, además, podrían generar contradicciones con posturas que anteriormente había sostenido sobre la integración de los ayuntamientos.

Estrada Sotelo señaló que uno de los cambios que considera más controvertidos es la posibilidad de que los candidatos a presidentes municipales que no resulten electos puedan acceder posteriormente a una regiduría, situación que, afirmó, anteriormente era rechazada por integrantes de la bancada panista bajo el argumento de evitar problemas de gobernabilidad en los cabildos.

Cuestionó las modificaciones relacionadas con la integración de las listas de regidurías, al sostener que la reforma permitirá registrar a una misma persona tanto en fórmulas de mayoría relativa como de representación proporcional, lo que, desde su perspectiva, incrementa las posibilidades de que determinados perfiles ocupen un espacio dentro de los ayuntamientos.

El diputado consideró que este mecanismo podría propiciar una mayor concentración de posiciones dentro de los cabildos y aseguró que dichas disposiciones responden a una visión con la que Morena no coincide.

Durante su posicionamiento, también afirmó que el PAN asumió el mayor costo político de la reforma, al señalar que fue la fuerza política que impulsó y respaldó los cambios aprobados por el Congreso del Estado.

Estrada Sotelo reiteró que Morena mantiene su rechazo a la reforma electoral y sostuvo que será la autoridad jurisdiccional competente la encargada de determinar la constitucionalidad de las modificaciones aprobadas por el Poder Legislativo.