Más de dos meses después de solicitar licencia como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya sigue cómodamente en el estado, protegido por un escandaloso hermetismo y la evidente tibieza de las autoridades federales.A pesar de las graves acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado, el gobierno de Claudia Sheinbaum se limita a afirmar que “está ubicable”, sin que exista ninguna acción real en su contra.

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum restó toda importancia al asunto:
“Está en Culiacán, no hay problema, está ubicable. No es que alguien lo esté vigilando, sino que está ubicable, y en todo caso la Fiscalía tendría que determinar”.

Por su parte, el secretario Omar García Harfuch confirmó que Rocha Moya permanece en Sinaloa y que solo cuenta con protección de la policía estatal, sin ningún resguardo de fuerzas federales. “Al momento está ahí en su estado”, dijo.

Estas declaraciones, lejos de aclarar el panorama, refuerzan la percepción de un encubrimiento institucional. Desde que solicitó su licencia el 2 de mayo, tras ser señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa (“Los Chapitos”), conspiración para el tráfico de fentanilo y recepción de sobornos, el caso ha sido manejado con una opacidad inaceptable.

Lo que se sabe (y lo que incomoda):

• Rubén Rocha Moya se encuentra en Sinaloa, posiblemente en Culiacán o en algún rancho al norte del estado.
• La Fiscalía General de la República (FGR) “investiga”, pero no lo detiene ni inicia proceso de extradición, escudándose en la supuesta falta de pruebas de Estados Unidos.
• Pese a ello, existe una ficha roja activa de Interpol.
• Solo recibe protección de la policía estatal, lo que genera dudas sobre si realmente se busca que la justicia llegue a él.
• Yeraldine Bonilla Valverde sigue como gobernadora interina.

La oposición ha denunciado con razón esta vergonzosa lentitud y falta de transparencia. Es evidente la contradicción entre una ficha roja internacional y la comodidad con la que un exgobernador acusado de narcotráfico y corrupción permanece libre y “ubicable” en su estado, bajo la mirada complaciente del gobierno federal.