La confrontación entre Morena y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, escaló nuevamente luego de que la presidenta del partido, Ariadna Montiel, anunciara que ampliarán la denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esto ocurre pese al revés sufrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde una ministra otorgó una suspensión que frena el avance del juicio político.

La estrategia de Morena
Montiel aseguró que el partido no dará marcha atrás:

“La semana que viene vamos a ampliar la denuncia en la FGR porque tenemos más elementos que nos han hecho llegar… vamos en orden”, declaró.

La dirigente morenista criticó directamente la resolución de la ministra que otorgó el fallo favorable a García, calificando la decisión como un obstáculo para combatir la corrupción. “No puede seguir un corrupto en el gobierno”, enfatizó.

El fallo de la Corte
La SCJN determinó que separar al gobernador del cargo afectaría la conducción del gobierno estatal. La suspensión otorgada impide que el juicio político avance hacia la destitución o inhabilitación de García Sepúlveda. Morena, sin embargo, anunció que recurrirá la resolución y buscará mantener vivo el proceso.

Morena ha desplegado un frente contra los principales líderes opositores en Nuevo León:

Samuel García (MC), señalado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

Adrián de la Garza (PRI-PAN), también denunciado ante la FGR.

La ofensiva se inscribe en una estrategia más amplia de la 4T, que ha dirigido embates contra otros gobernadores de oposición como Maru Campos en Chihuahua. La presión se intensifica en un momento en que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta polémicas internas y el nombre de Rubén Rocha Moya (Sinaloa) ha dejado de ocupar espacio en la conversación pública.

El anuncio de Montiel abre un nuevo capítulo en la disputa entre Morena y Movimiento Ciudadano en Nuevo León. La ampliación de la denuncia ante la FGR podría reactivar el debate sobre la viabilidad del juicio político y la capacidad de los partidos para sostener procesos de destitución contra gobernadores en funciones.