Las familias de las víctimas de la masacre del 4 de noviembre de 2019, en la que murieron nueve integrantes del clan LeBarón, solicitaron al juez federal Brian M. Cogan, del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, que los bienes bloqueados de Ismael “El Mayo” Zambada sean embargados para satisfacer la sentencia de compensación que obtuvieron en 2022 contra el Cártel de Juárez.

Argumentos legales
El despacho Motley Rice LLC, representante de las familias, presentó el 15 de julio de 2026 un escrito en el que sostiene que Zambada fue “agente o instrumento” del Cártel de Juárez, por lo que sus activos deben responder a la sentencia. La solicitud se apoya en la Ley de Seguro contra Riesgos del Terrorismo de 2002 (TRIA), que permite a víctimas de terrorismo ejecutar sentencias contra bienes congelados de grupos terroristas y sus instrumentos.

El acuerdo de culpabilidad de Zambada incluye la confiscación de 15 mil millones de dólares, aunque el gobierno estadounidense ha planteado que esos recursos deben dirigirse exclusivamente a la Oficina de Decomiso de Activos, dejando fuera a las familias.

Las cinco peticiones de las familias
Orden preliminar de decomiso para no retrasar la sentencia del 20 de julio.

Proceso de descubrimiento limitado sobre los bienes de Zambada.

Entrega del estado financiero que el capo debía presentar antes de la sentencia.

Clarificación de derechos bajo TRIA para embargar activos bloqueados.

Notificación oportuna sobre pagos o bienes sustitutos identificados.

Contexto de la masacre
El ataque perpetrado por La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, dejó nueve muertos —tres mujeres y seis niños— en los límites de Chihuahua y Sonora. En 2022, las familias obtuvieron una sentencia judicial contra el Cártel de Juárez, que ahora buscan ejecutar con los bienes de Zambada.

El traslado de Zambada
La FGR confirmó que Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López y trasladado a Estados Unidos el 25 de julio de 2024. El piloto identificado como Mauro Alberto Núñez, alias “El Jando”, fue pieza clave en el operativo y posteriormente entregado a Washington junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad. La captura derivó en una guerra interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, que aún mantiene altos niveles de violencia.

Comentario
En este caso, la justicia parece un juego de monopolio: todos quieren cobrar con las propiedades de “El Mayo”, pero el gobierno de EEUU insiste en ser el único dueño del tablero.