Nota y fotos por Silver Juárez Arce

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) informó que durante el primer semestre de 2026 recibió 9 mil 183 solicitudes relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales, además de mantener 130 medidas de apremio contra sujetos obligados que incumplieron resoluciones emitidas por el organismo garante.

Durante la presentación del informe correspondiente a los meses de enero a junio, el comisionado presidente del ICHITAIP, Sergio Facio Guzmán, explicó que del total de solicitudes recibidas, 8 mil 246, equivalentes al 89.8 por ciento, correspondieron a solicitudes de acceso a la información pública, mientras que 937, es decir, el 10.2 por ciento, estuvieron relacionadas con la protección de datos personales.

Entre los sujetos obligados que concentraron el mayor número de solicitudes se encuentran el Municipio de Juárez, la Secretaría de Hacienda del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Municipio de Chihuahua.

En materia de recursos de revisión, el Instituto reportó la recepción de 580 expedientes durante el primer semestre del año, distribuidos entre 152 sujetos obligados, luego de que ciudadanos impugnaran respuestas que consideraron incompletas, inexistentes o fuera de los plazos establecidos por la ley.

Como parte de las acciones para garantizar el derecho de acceso a la información, el ICHITAIP informó que actualmente existen 130 medidas de apremio derivadas del incumplimiento de resoluciones por parte de diversas autoridades. De ellas, 122 corresponden a amonestaciones públicas, mientras que 8 fueron multas económicas equivalentes a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El informe también señala que 95 medidas, equivalentes al 73 por ciento, permanecen pendientes de cumplimiento, mientras que 35, es decir, el 27 por ciento, ya fueron atendidas por los sujetos obligados.

Los municipios de Hidalgo del Parral, Matamoros y Santa Bárbara concentran el mayor número de medidas de apremio emitidas durante el presente año, al acumular poco más de la mitad de los procedimientos iniciados por el organismo garante.

Durante la rueda de prensa, Sergio Facio Guzmán explicó que la política del Instituto privilegia que las autoridades entreguen la información solicitada antes de recurrir a sanciones económicas, por lo que primero se emiten requerimientos y amonestaciones públicas para lograr el cumplimiento de las resoluciones.

Precisó que cuando se determina la imposición de una multa, ésta recae directamente sobre el funcionario responsable de atender las solicitudes de información y no sobre la institución pública, por lo que el pago debe realizarse con recursos propios del servidor público sancionado.

El comisionado presidente añadió que el ICHITAIP continúa resolviendo recursos de revisión incluso de ejercicios anteriores, al tratarse del acceso a la información de un derecho humano que no prescribe, por lo que el Instituto mantiene abiertos los procedimientos hasta garantizar que la información llegue a las personas solicitantes.