Ernesto Ruffo Appel, aquel panista que en 1989 rompió el monopolio priista al convertirse en el primer gobernador de oposición en México, hoy pisa un terreno muy distinto: las instalaciones de la FGR en Tijuana. Su nombre, que alguna vez fue símbolo de transición democrática, aparece ahora ligado a presuntos delitos de huachicol fiscal y vínculos con la delincuencia organizada.

El expediente apunta a su empresa Ingemar, señalada como pieza clave en el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila. Ruffo insiste: “solo manejamos logística y papeleo aduanal”. Pero la narrativa pública ya no se escribe en comunicados, sino en titulares que mezclan petróleo, finanzas y sospechas de crimen organizado.



La detención abre un debate incómodo: ¿qué significa que un ícono de la alternancia política enfrente acusaciones de este calibre? Para unos, es la prueba de que la justicia debe ser pareja, sin importar el pasado histórico. Para otros, un golpe mediático que busca exhibir a la oposición.

La ironía es inevitable: del poder político al banquillo judicial, Ruffo se convierte en protagonista de un capítulo donde la transición democrática se cruza con la sombra del huachicol.