Reportero de Policíacas

Mientras continúa el proceso penal por la muerte de María Erika Torres Blanco, familiares y personas cercanas a Miguel Ángel Rodríguez Medrano, quien permanece vinculado a proceso por este caso, dieron a conocer una versión de los hechos en la que aseguran que existen antecedentes que, a su consideración, no han sido difundidos públicamente.

De acuerdo con el documento compartido por allegados del imputado, la relación entre ambos habría estado marcada por conflictos recurrentes, separaciones, reconciliaciones y denuncias mutuas, circunstancias que, afirman, forman parte del contexto previo a los hechos ocurridos el pasado 13 de julio.

Según esta versión, el día del incidente se registró una discusión que derivó en un enfrentamiento físico, durante el cual el hoy imputado también resultó lesionado y requirió atención médica e incluso una intervención quirúrgica. Asimismo, sostienen que Rodríguez Medrano no intentó evadir a la autoridad y permaneció hospitalizado hasta que fue puesto a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Las personas cercanas al acusado señalaron que su intención no es justificar la muerte de María Erika Torres Blanco ni restar importancia a la gravedad del caso, sino exponer elementos que, desde su perspectiva, también deben ser considerados durante el desarrollo del proceso legal.

Indicaron que será la autoridad judicial la encargada de analizar las pruebas, testimonios y peritajes que presenten tanto el Ministerio Público como la defensa, con el fin de determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.

El caso continúa bajo investigación y ha generado un amplio interés entre la ciudadanía, mientras el procedimiento judicial sigue su curso conforme a las etapas previstas por la ley.

Es importante precisar que la información difundida por familiares y allegados del imputado corresponde a su postura sobre el caso y no constituye una resolución judicial ni modifica el estado legal del proceso, por lo que será la autoridad competente quien determine los hechos acreditados y emita la resolución correspondiente.