El Tribunal de Ejecución de Penas de los Distritos Judiciales Morelos y Manuel Ojinaga dio un paso histórico el pasado 10 de junio: ordenó la venta de los bienes inmuebles de ARAS Investment Business Group, la empresa que, bajo un esquema Ponzi, defraudó a miles de chihuahuenses con promesas de rendimientos mensuales de hasta el 10%. Ahora, el liquidador Luis Alberto Benavides Rojas abrió una convocatoria pública para recibir ofertas por estos activos, con un objetivo claro: convertir cada peso obtenido en reparación para las 4,355 víctimas reconocidas en el proceso penal.

El caso ARAS no fue un robo express, sino una estafa de largo aliento que se gestó durante años. Todo comenzó en 2015, cuando ARAS Investment Business Group S.A.P.I. de C.V. inició operaciones en Chihuahua, presentándose como una consultora en colocación de capital. Su líder, Armando Gutiérrez Rosas (alias “El CEO Aras”), prometía ganancias seguras y altas a inversionistas. Para 2020, la empresa ya presumía “más de 3,000 clientes satisfechos” en sus redes sociales. En realidad, eran víctimas de un esquema piramidal: los pagos a los primeros inversionistas se financian con el dinero de los nuevos.

El 17 de noviembre de 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó a ARAS dejar de captar inversiones por operar sin autorización. Fue el primer golpe al negocio. El colapso comenzó el 1 de septiembre de 2021, cuando ARAS incumplió el primer pago a sus socios. El 5 de abril de 2022, la Fiscalía General del Estado capturó a Óscar Gonzalo H.M., Sergio Armando G.C. y Diana Ivonne C.P., exgerentes de la empresa, acusados de fraude y asociación delictuosa. La jueza Abigail Sosa Rivero los vinculó a proceso por 300 casos el 10 de agosto de 2022.

El 4 de diciembre de 2023, la FGE imputó formalmente a ARAS por fraude. Para entonces, ya había más de 8,000 denuncias y un monto defraudado superior a 1,200 millones de pesos. En 2026, llegó la sentencia firme contra la empresa, y el tribunal ordenó la liquidación de sus activos para reparar el daño.

La convocatoria, abierta a víctimas, inversionistas, desarrolladores, corredores inmobiliarios y público en general, incluye propiedades como la Torre Azenzo, sede central de ARAS en Chihuahua, cuyo remate ha generado controversia. Abogados como Mariano Cordero, que representa a más de 150 afectados, advierten que su venta debe notificarse primero a la FGE y a las víctimas para evitar simulaciones jurídicas. También se venden otros inmuebles en Monterrey, Guadalajara, León y Cancún, donde ARAS tuvo oficinas.

No habrá ventas directas. Todas las ofertas se presentarán ante el Tribunal de Ejecución, que evaluará cuál ofrece las mejores condiciones económicas. Las víctimas tendrán voz en la adjudicación final, y la autoridad judicial será la encargada de autorizar cada operación. Los inmuebles se venden en el estado físico y jurídico en que se encuentran, sin garantías de reparaciones o regularizaciones previas. El 100% de los recursos irán a un fondo para reparar el daño a las 4,355 víctimas reconocidas.

Detrás de los números hay dramas irreparables. Marisela Romero, comerciante que invirtió 450,000 pesos (sus ahorros de años), perdió a su esposo en 2022 tras el estrés de descubrir la estafa. Adultos mayores que entregaron sus pensiones, emprendedoras que hipotecaron sus negocios y familias que vendieron propiedades para invertir en ARAS son parte de las historias. El abogado Mariano Cordero resume el sentimiento: no es solo dinero, es la confianza rota en el sistema.

Mientras las víctimas exigen justicia, Armando Gutiérrez Rosas sigue prófugo. Su captura es clave para cerrar el caso y recuperar posibles activos ocultos.

El liquidador Luis Alberto Benavides Rojas no ha especificado plazos ni requisitos detallados, pero se sabe que las propuestas deben ser formales y por escrito. Se priorizarán las ofertas que maximicen el valor de los bienes, y las víctimas tendrán preferencia en la compra si igualan la mejor oferta.

La venta de los inmuebles es solo el primer paso. Los desafíos que vienen incluyen la valoración justa de los bienes, la distribución equitativa entre las 4,355 víctimas y garantizar transparencia para evitar que el proceso sea opaco.

Para muchos, esto es una oportunidad de justicia tardía, pero también un recordatorio: cuando los rendimientos son demasiado buenos para ser verdad, probablemente lo son.