CHIHUAHUA, Chih.- El Gobierno del Estado de Chihuahua urgió a la Federación a asumir un papel más activo en el combate al crimen organizado y en la atención de la crisis de desplazamiento forzado que afecta a comunidades de Guadalupe y Calvo, al considerar que la respuesta humanitaria resulta insuficiente si no se atienden las causas que originan la violencia en la Sierra Tarahumara.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, acompañado por la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Norma Ledesma, y la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Sara Cárdenas, expuso las acciones implementadas por la administración estatal para atender a las familias que han abandonado sus hogares debido a la inseguridad.

Rascón señaló que el desplazamiento forzado representa una crisis con profundas consecuencias sociales y humanitarias, pues afecta principalmente a familias rarámuri, ódami y mestizas que se ven obligadas a dejar sus comunidades por la presencia de grupos delictivos.

El funcionario destacó que las víctimas enfrentan la interrupción de estudios, tratamientos médicos y actividades productivas, además de la pérdida de su patrimonio y del arraigo comunitario. Añadió que muchas mujeres deben asumir la responsabilidad de sus hogares en condiciones de vulnerabilidad tras perder a sus parejas o verse separadas de ellas por la violencia.

Aunque recordó que el combate a la delincuencia organizada corresponde constitucionalmente al Gobierno Federal, explicó que desde 2022 el Estado opera una estrategia integral mediante la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, enfocada en brindar ayuda inmediata, atención médica y alimentaria, acompañamiento jurídico y psicológico, programas de integración para las familias desplazadas y seguimiento permanente a quienes han logrado regresar a sus comunidades.

Sin embargo, las autoridades estatales insistieron en que estas acciones solo atienden las consecuencias del problema y no su origen, por lo que solicitaron una mayor intervención federal.

Entre las peticiones destacan incorporar el desplazamiento forzado como tema permanente en las Mesas de Paz, fortalecer la atención en salud, educación, vivienda y alimentación para las familias afectadas, reforzar las estrategias de seguridad para desarticular a los grupos criminales, restablecer los servicios básicos en las comunidades afectadas y asignar recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para enfrentar esta problemática.

Finalmente, Enrique Rascón reiteró que el Gobierno de Chihuahua mantendrá el acompañamiento a las familias desplazadas, pero sostuvo que la recuperación de la paz en la Sierra Tarahumara dependerá de una intervención federal efectiva que permita combatir a las organizaciones criminales responsables de la violencia y generar condiciones para un retorno seguro de la población a sus comunidades.