Ciudad de México, 01/08/26 (Más).- El caso del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez ha encendido las alarmas en el sistema financiero mexicano. Dos cheques por 66 mil 452 pesos cada uno, expedidos por la Tesorería del Senado y cobrados a través de BBVA y Banorte, podrían derivar en sanciones para ambas instituciones, ya que el legislador se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La controversia surge porque la normativa vigente prohíbe a las instituciones de crédito realizar operaciones con personas incluidas en la LPB. Según especialistas en derecho financiero, el cobro de los cheques constituye una operación bancaria que vulnera las restricciones establecidas por la UIF.

El antecedente inmediato se remonta al 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra diversos funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos Inzunza Cázarez. Posteriormente, la UIF procedió al bloqueo preventivo de sus cuentas bancarias.

El economista Mario Di Costanzo, exdirector de la Condusef, advirtió que cualquier operación bancaria con personas bloqueadas está prohibida. “El pago mediante cheques coloca a los bancos en una situación contraria al marco legal”, señaló. En su opinión, la única alternativa habría sido cubrir el salario en efectivo, evitando así la intervención de instituciones financieras.

En el mismo sentido, el abogado Ricardo Vázquez Contreras recordó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito obliga a suspender de inmediato cualquier servicio con clientes incluidos en la LPB. Las sanciones previstas oscilan entre el 10 y el 100 por ciento del monto de la operación realizada.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, la Tesorería del Senado emitió los cheques a favor de Inzunza el 14 y el 28 de mayo de 2026. El primero fue expedido por BBVA y el segundo por Banorte. Hasta el cierre de la publicación, ninguno de los bancos había emitido postura oficial.

El caso también expone la falta de claridad en los mecanismos internos del Senado. La entonces presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, dijo desconocer cómo se cubría el salario del legislador. Más tarde, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, confirmó que se hacía mediante cheques, argumentando la obligación legal de pagar las dietas parlamentarias.

Los especialistas consultados subrayaron que las personas bloqueadas pueden presentar pruebas para demostrar la licitud de sus recursos y solicitar el levantamiento de la medida. Sin embargo, la Ley de Amparo limita la suspensión de actos cuando estos puedan favorecer operaciones con recursos ilícitos.

Mientras tanto, Inzunza ha continuado participando en algunas actividades legislativas vía remota, aunque no ha retomado su presencia física en el Senado.

Comentario
En México, parece que la ley financiera es como el semáforo en hora pico: todos saben que está en rojo, pero alguien siempre encuentra la forma de cruzar… aunque sea con un cheque en la mano.