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Fuerzas Armadas y sus negocios, ejército empresario: 271 mil millones en contratos

Ciudad de México, 01/08/26 (Más).- La expansión empresarial de las Fuerzas Armadas mexicanas ha transformado radicalmente su papel en la vida pública del país. De ser instituciones dedicadas a la defensa y seguridad nacional, se convirtieron en administradoras de aeropuertos, puertos, ferrocarriles, proyectos turísticos y hasta una aerolínea estatal. Entre 2019 y 2025, sus contrataciones superaron los 271 mil millones de pesos, una cifra que refleja tanto el crecimiento de su poder económico como la opacidad en el manejo de recursos.

De soldados a empresarios

El salto es evidente: en 2012, Defensa y Marina apenas registraban contratos por mil 912 millones de pesos, destinados principalmente a insumos básicos. Para 2018, último año de Enrique Peña Nieto, el gasto contratado ya había alcanzado los 13 mil 231 millones. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la tendencia se disparó. En 2025, el gasto vinculado con las dependencias militares ascendió a 76 mil millones de pesos, cinco veces más que en 2019.

La incorporación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica y la Aerolínea del Estado Mexicano convirtió a la Secretaría de la Defensa Nacional en un actor económico de primer orden. Paralelamente, la Secretaría de Marina absorbió las 18 Administraciones Portuarias, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, consolidando un aparato empresarial castrense sin precedentes.

Concentración y opacidad

Aunque el discurso oficial justificó la militarización de proyectos estratégicos como un mecanismo para combatir la corrupción, especialistas advierten que el modelo abrió la puerta a la opacidad. Natalia Campos, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que los vacíos legales permiten a las Fuerzas Armadas reservar información bajo criterios de seguridad nacional, lo que limita la vigilancia ciudadana.

El padrón de proveedores también se multiplicó: de tres mil 329 empresas en 2018 a más de ocho mil en 2025. Sin embargo, la competencia real es cuestionable. Una cuarta parte de los recursos quedó concentrada en apenas 20 compañías, entre ellas Pegsa Construcciones, Gami Ingeniería e Instalaciones y DLG Industrias, que modificaron su objeto social para adaptarse a las nuevas áreas de negocio militar.

Casos emblemáticos

• Pegsa Construcciones, parte del Grupo Duxon, pasó de ser un actor marginal a obtener contratos por más de 7 mil millones de pesos en la ampliación del Puerto de Dos Bocas, adjudicación directa que asegura ingresos hasta 2029.
• Gami Ingeniería e Instalaciones, en alianza con Infraestructura Marítima y Portuaria, recibió un contrato por 5 mil 930 millones para construir un rompeolas en Veracruz.
• Personas y Paquetes por Aire, originalmente dedicada al transporte aéreo, modificó sus estatutos para participar en licitaciones ferroviarias, logrando contratos por más de 2 mil millones en locomotoras para el Tren Maya.


El entramado empresarial de Grupo Duxon es particularmente revelador: mediante filiales como Sepiver y Vitalcare del Golfo, acumuló más de 9 mil millones de pesos en contratos, lo que representa casi nueve de cada diez pesos del monto total asignado en el Puerto de Dos Bocas.

El dilema democrático
La expansión de las Fuerzas Armadas plantea un dilema: mientras su poder económico crece, la transparencia disminuye. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado irregularidades en contratos, pero las observaciones no han frenado la adjudicación de nuevos proyectos. La Secretaría de Marina asegura que existen mecanismos para garantizar la competencia, aunque la concentración de recursos en pocos actores contradice esa narrativa.

Comentario

En México, los militares ya no solo marchan… también facturan. Y mientras los contratos se reparten como raciones de campaña, la transparencia se queda en retaguardia. Al paso que vamos, pronto veremos al Ejército administrando desde aeropuertos hasta taquerías, porque claro, nada combate mejor la corrupción que un cheque firmado en verde olivo.