Redacción por: César Olvera

La polémica sobre la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha colocado al gobierno federal en el centro de un debate que toca fibras sensibles de la libertad de expresión en México. La iniciativa, defendida por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, busca establecer lineamientos sobre los derechos de las audiencias y sanciones a concesionarios de radio y televisión, con la posibilidad de extenderse a plataformas digitales y prensa escrita.

El anuncio provocó un rechazo inmediato de la oposición, que bautizó la propuesta como “Ley Censura”, recordando el antecedente de la entrevista realizada por Sabina Berman a Eduardo Verástegui, la cual nunca se transmitió en Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión (SPR). En aquel episodio, el defensor de audiencias Lenin Martell Gámez justificó la decisión, aunque para muchos fue la mano de Jenaro Villamil, presidente del SPR, la que realmente operó la censura.

El caso Verástegui se convirtió en un símbolo: más allá de las posturas ideológicas del entrevistado, especialistas coincidieron en que se trató de un ejemplo claro de censura previa, práctica incompatible con un sistema democrático. La oposición ahora utiliza ese antecedente para advertir que la nueva legislación podría institucionalizar la discrecionalidad en la transmisión de contenidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que del 27 de julio al 21 de agosto se llevará a cabo una consulta pública para definir los lineamientos. Según sus palabras, podrán participar desde radios comunitarias hasta grandes empresas y ciudadanos en general. Sin embargo, críticos señalan que la consulta no elimina el riesgo de que la Consejería Jurídica se convierta en árbitro de lo que es “verdad” o “mentira”, como ya lo ha hecho Alcalde en su programa Derecho de Réplica.

El debate es profundo: ¿puede un Estado garantizar la libertad de prensa si al mismo tiempo reserva para sí el poder de decidir qué contenidos son válidos? La concentración de facultades en órganos vinculados al Ejecutivo genera preocupación en legisladores y periodistas, quienes temen que la regulación se convierta en un mecanismo de control político disfrazado de protección a las audiencias.

La paradoja es evidente: mientras el gobierno asegura que busca fortalecer derechos, la oposición advierte que se abre la puerta a un modelo donde entrevistas incómodas, como la de Verástegui, podrían ser descartadas bajo criterios ambiguos. En un país donde la prensa ha sido históricamente acosada por el poder, la discusión sobre la censura previa no es menor: es un recordatorio de que la democracia se mide también en la capacidad de tolerar voces disidentes.

Comentario
Al final, parece que la “defensoría de audiencias” defiende menos a las audiencias y más a los oídos sensibles del poder. Porque claro, nada protege mejor la libertad de expresión que decidir qué expresiones no deben escucharse.