No debe el Registro Agrario Nacional (RAN) estar cerrando el servicio a los usuarios por meras ocurrencias; afectados logran amparos federales para que no se detengan sus trámites.

El Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua concedió una suspensión provisional con el propósito fundamental de que no se detengan los trámites de expedición de certificados a favor del señor Roberto García.

Durante la resolución, el órgano jurisdiccional federal determinó que el cierre de las oficinas fue irregular y careció de fundamento legal. Además, señaló que la facultad exclusiva para ordenar el cierre de oficinas corresponde al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), atribución expresamente prevista en los artículos 13 y 14 de su Reglamento Interior.

Asimismo, el juzgado recordó que todo acto administrativo debe cumplir de manera estricta con las formalidades exigidas por el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, además de ser emitido por el funcionario que cuenta con las facultades correspondientes (el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional) y publicarse formalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Bajo estos criterios, se determinó que el cierre de las instalaciones se realizó de forma irregular y en franca violación a la normatividad aplicable.

Especialistas en materia jurídica, como el abogado Jorge Pazos Linares, presidente del Colegio de Abogados Agraristas de Chihuahua, señalaron que los cambios de domicilio responden con frecuencia a necesidades derivadas del crecimiento institucional y a la oportunidad legítima de mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía. Sin embargo, afirmaron que en el caso de Chihuahua se han presentado varios cierres de las oficinas del RAN, aunados al cambio de domicilio a un local que no reúne los mínimos requerimientos para la atención al público.

Finalmente, se informó que será el Juzgado Décimo Primero de Distrito el encargado de evaluar la gravedad de las violaciones a la ley y determinar las sanciones que considere pertinentes contra los responsables, mientras que los involucrados se mantendrán vigilantes de que el proceso se conduzca bajo los principios de legalidad y mejora continua.