El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Francisco Sáenz Soto, informó que la orden de reaprehensión contra José Luis Arellano Cuarón, identificado en los expedientes como José Luis A. C., se encuentra nuevamente vigente y puede ser ejecutada, mientras autoridades trabajan para ubicarlo fuera del país.

El empresario es señalado como propietario y operador principal del Crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, donde el 26 de junio de 2025 fueron localizados 386 cuerpos que no habían sido cremados.

Sáenz Soto explicó que a finales de julio se presentó un amparo que suspendió temporalmente la ejecución de la orden, debido a que Arellano Cuarón debía comparecer ante el tribunal correspondiente. Sin embargo, al no presentarse, la Fiscalía solicitó a un juez de Distrito dejar sin efecto dicha suspensión.

La autoridad judicial resolvió a favor de la Fiscalía, por lo que la orden de reaprehensión volvió a quedar ejecutable.

El funcionario señaló que la FGE cuenta con información de inteligencia que apunta a que el propietario del crematorio podría encontrarse fuera del territorio nacional, por lo que se mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para avanzar en su localización y trabajar en la emisión de una ficha roja ante Interpol.

El objetivo es facilitar su ubicación en el extranjero y, en caso de ser localizado, concretar su detención conforme a los procedimientos legales correspondientes.

En paralelo, la Fiscalía continúa con los trabajos periciales relacionados con los 386 cuerpos encontrados en el Crematorio Plenitud. Hasta el momento, 251 han sido plenamente identificados y alrededor de 250 familias han sido notificadas y han recibido los restos correspondientes.

Mientras tanto, permanecen 135 cuerpos pendientes de identificación.

Sáenz Soto agregó que la institución mantiene el acompañamiento a las familias afectadas y da seguimiento a las denuncias y querellas relacionadas con posibles fraudes derivados del caso.

Las personas afectadas pueden acudir a la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas o la Fiscalía de Distrito Zona Norte para presentar denuncias y recibir seguimiento.