Claudia Sheinbaum no anunció una liberación masiva de “malandros”. Lo que dijo (y lo que está trabajando su gobierno) es más matizado, pero igual genera ruido y preocupación legítima.

Ante la sobrepoblación en varios centros penitenciarios estatales (la población carcelaria creció alrededor de 14-15 % en lo que va de su administración), el gobierno está revisando dos caminos paralelos:

1. Acelerar la salida de personas presas por delitos menores (principalmente robos de menor cuantía) y de quienes llevan años sin sentencia.
2. Construir alrededor de seis nuevos penales estatales con una “visión distinta”.

La Consejería Jurídica (Luisa María Alcalde) y ahora la Secretaría de Gobernación (con la Mesa de Libertad y Acceso a la Justicia) están evaluando si se necesitan cambios legales para agilizar estos procesos. También se habla de amnistía, preliberación o cambio de medida cautelar para personas en situación de vulnerabilidad.

No es una puerta abierta a todo el mundo. Oficialmente se enfoca en delitos no graves y en quienes llevan mucho tiempo sin sentencia. Pero la experiencia mexicana enseña que, cuando se abren válvulas de salida, el diablo está en los detalles de cómo se aplica.

¿Suena a tragedia? Puede serlo… o no, depende de la ejecución

El riesgo real:

• Muchos “delitos menores” (robos simples, por ejemplo) son cometidos por personas que ya tienen historial o que están en redes de delincuencia más amplia. Soltarlos sin filtros serios puede significar regreso a la calle y reincidencia.
• La prisión preventiva prolongada sin sentencia es un problema real de derechos humanos, pero también hay gente peligrosa que se beneficia de la lentitud del sistema.
• Si el criterio se vuelve laxo o se usa con fines políticos (“liberamos a los pobres”), el mensaje que se manda es de impunidad selectiva. Y la sociedad mexicana ya está cansada de ver a delincuentes en la calle mientras las víctimas esperan justicia.

El otro lado del argumento: Las cárceles saturadas no rehabilitan a nadie. Generan escuelas del crimen, corrupción y peores condiciones. Atender la sobrepoblación es necesario. El problema no es revisar casos de delitos menores o de gente sin sentencia; el problema es cómo se hace y quién decide.

¿Hay forma de contrarrestar a los que salgan? Sí, pero requiere voluntad y no solo discurso:

• Filtros estrictos y transparentes: Criterios públicos, claros y auditables. No basta con “vulnerabilidad”. Debe haber evaluación de riesgo de reincidencia, historial delictivo y reparación del daño a las víctimas.
• Seguimiento real post-liberación: Libertad condicionada con vigilancia (tobilleras electrónicas, reportes periódicos, programas de reinserción obligatorios). Si incumplen, regresan.
• Priorizar a las víctimas: Cualquier mecanismo de preliberación debería incluir notificación y voz a las víctimas o sus familias.
• Presión social y mediática: Exigir listas públicas de beneficiados (con datos protegidos de identidad cuando corresponda), resultados de reincidencia y que los estados (donde está la mayor sobrepoblación) no usen esto como válvula política.
• Fortalecer la justicia rápida: El verdadero antídoto es que los procesos no se eternicen. Si alguien está años sin sentencia, el problema de fondo es el sistema de justicia, no solo la cárcel.

¿Qué podría pasar?

Escenario optimista: se revisan casos con rigor, se liberan personas que realmente no representan peligro, se reduce la presión carcelaria y se construyen mejores penales. Gana el sistema.Escenario realista-preocupante: se liberan cientos o miles con criterios flojos, algunos reinciden, sube la percepción de inseguridad y el gobierno termina justificando con “eran delitos menores”. La sociedad paga el costo.México ya vivió procesos de amnistía y liberaciones que generaron más desconfianza que alivio.

Esta vez el gobierno tiene la oportunidad de hacerlo distinto… o de repetir el patrón.

La pregunta no es solo “¿van a soltar malandros?”. La pregunta es: ¿van a hacerlo con inteligencia y control, o van a abrir la llave y después ver qué pasa?

Por ahora es una intención en evaluación, no una liberación masiva en marcha. Pero el precedente y la forma en que se ejecute definirán si esto es una corrección humanitaria o una nueva fuente de inseguridad.