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Litigan contra madre buscadora en lugar de buscar a desaparecido


Mazatlán, Sinaloa, 20 de agosto de 2026. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantiene una disputa judicial contra Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido en Mazatlán desde octubre de 2025. La controversia surge por la negativa de la institución a cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentación derivados de las labores de búsqueda.

La FGR había solicitado a la CEAV garantizar esos apoyos, pero la institución rechazó la petición e incluso impugnó una resolución judicial que reconocía el derecho de la familia. Ante ello, la defensa legal de Valenzuela, representada por Defensorxs, promovió un amparo que fue concedido por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX.

Brenda Valenzuela denunció que la estrategia de la CEAV prolonga el procedimiento y aumenta el desgaste emocional y económico de su familia: “Son diez meses que hemos estado sin detenernos absolutamente ningún día”, declaró en entrevista.

Defensorxs calificó la actuación de la CEAV como violencia institucional y victimización secundaria, al obligar a la familia a enfrentar nuevos procesos legales para acceder a recursos contemplados en la Ley General de Víctimas.

Contexto del caso

• Carlos Emilio, de 21 años, desapareció el 5 de octubre de 2025 tras acudir al bar Terraza Valentino en Mazatlán.
• La familia denunció obstáculos en el cateo del establecimiento y falta de acceso a grabaciones de seguridad.
• Investigaciones periodísticas han vinculado el caso con la operación criminal de Víctor Manuel Barraza Pablos “El 40”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán.
• El caso se desarrolla en medio de la crisis política de Sinaloa, tras la salida del gobernador Rubén Rocha Moya y la llegada de Yeraldine Bonilla como interina.


Comentario editorial:
El contraste es brutal: mientras una madre busca a su hijo día tras día, la institución que debería apoyarla dedica sus recursos a litigar contra ella. En México, la burocracia parece más ágil para defenderse que para defender a las víctimas.