Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Irlanda Márquez Nolasco, afirmó que su bancada todavía no tiene definido el sentido de su voto sobre la propuesta para crear una Fiscalía General del Estado autónoma, debido a que el tema continúa bajo análisis de las dirigencias estatal y nacional del partido.

Durante una entrevista realizada este martes en el Congreso del Estado, Márquez explicó que el PT no pretende emitir un voto únicamente por una decisión individual, sino que primero deberá conocer el diagnóstico y las consideraciones que realice la dirigencia respecto a la propuesta que ya avanzó en comisiones.

“Nosotros tenemos un equipo y estoy muy en contacto con la dirigencia estatal y nacional. No podemos dar solo un voto así porque sí”, señaló la legisladora.

Márquez agregó que existe un análisis interno sobre la reforma y que, una vez que la dirigencia estatal establezca su posición, podrá informar cuál será la postura que asumirán en el Pleno.

La definición del PT adquiere relevancia debido a que el dictamen para otorgar autonomía a la Fiscalía fue aprobado en sentido positivo por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se encuentra a consideración del Pleno. La propuesta fue presentada por los diputados Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, y Alfredo Chávez Madrid, del PAN.

El debate ha generado posiciones encontradas entre las distintas fuerzas políticas. Morena ha cuestionado que el procedimiento avance sin atender, según su postura, solicitudes de Parlamento Abierto y consultas a pueblos originarios y personas con discapacidad, mientras que PAN y MC sostienen que existen condiciones para alcanzar los votos necesarios.

Ante este escenario, Márquez evitó adelantar si el PT respaldará o rechazará la reforma y dejó claro que su voto estará sujeto al análisis que realice su partido.

La diputada también fue cuestionada sobre la actuación de las autoridades judiciales en un caso que ha generado cuestionamientos públicos y sobre la posibilidad de establecer mayores controles para evitar que determinadas decisiones terminen beneficiando indebidamente a alguna persona.

Márquez sostuvo que antes de determinar qué modificaciones podrían hacerse desde el Legislativo, es necesario conocer con precisión qué está haciendo el juez, cuáles son las acusaciones existentes y si efectivamente se ha presentado alguna actuación fuera del marco legal.

La legisladora señaló que el Congreso debe revisar aquello que se encuentre dentro de sus facultades y, en caso de detectar que alguna disposición requiere modificarse, actuar desde el ámbito legislativo.

“Hay que ver si es cierto y hay que hacer lo que corresponda”, planteó.

Márquez también cuestionó que eventuales consideraciones relacionadas con problemas de salud mental pudieran convertirse en un criterio aplicado de manera desigual dentro de los procesos judiciales, al advertir que existen muchas personas con este tipo de condiciones y que debe analizarse si las mismas consideraciones estarían disponibles para todas las personas en circunstancias similares.

La diputada sostuvo que uno de los objetivos de la reforma judicial debe ser precisamente evitar prácticas de negligencia, favoritismo o relaciones personales que puedan afectar la impartición de justicia.

“Por eso nuestra responsabilidad como legisladores es ver que eso esté sucediendo y, si no está sucediendo, hay que actuar”, afirmó.

En otro de los asuntos abordados durante la entrevista, Márquez destacó el avance de la denominada Ley Malena, reforma que busca reconocer y sancionar de manera específica las agresiones cometidas contra mujeres mediante ácido, sustancias químicas o corrosivas.

La legisladora recordó que este miércoles se cumplen siete años del ataque contra María Elena Ríos, activista y saxofonista oaxaqueña cuyo caso dio nombre a esta legislación, y expresó su expectativa de que Chihuahua avance en la aprobación de la reforma.

El dictamen fue impulsado por legisladoras de distintas fuerzas políticas, entre ellas Irlanda Márquez, Joss Vega, Nancy Frías y Alma Portillo, quienes han trabajado en una propuesta para modificar disposiciones del Código Penal estatal y de la legislación relacionada con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Comisión de Igualdad aprobó previamente el dictamen en sentido positivo, con el objetivo de establecer sanciones específicas para las lesiones provocadas mediante ácidos o sustancias químicas y corrosivas.

Márquez destacó que esta reforma no debe limitarse al castigo cuando la agresión ya ocurrió, sino que también debe contemplar medidas preventivas, particularmente mediante capacitación y mecanismos que permitan identificar oportunamente las señales de violencia.

Explicó que una agresión de este tipo generalmente no surge de manera aislada, sino que puede estar precedida por un historial de violencia que debe ser detectado antes de que llegue a una agresión física extrema.

“Tenemos que capacitar para que puedan empezar a difundir e identificar el tipo de violencia”, señaló.

La diputada consideró necesario que las mujeres puedan reconocer oportunamente cuando se encuentran dentro de una relación o entorno violento, pues sostuvo que uno de los principales retos sigue siendo lograr que las víctimas identifiquen esas señales y tengan herramientas para pedir ayuda antes de que la violencia escale.

La discusión de la Ley Malena y de la Fiscalía Autónoma ocurre durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LXVIII Legislatura. Márquez ocupa actualmente la Primera Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso, dentro de una integración plural que encabeza la diputada Joss Vega Vargas.

Con ambos temas en discusión, la legisladora petista dejó dos posiciones claras: el PT todavía analizará su voto sobre la autonomía de la Fiscalía y, en materia de violencia contra las mujeres, buscará que las reformas no se queden únicamente en el castigo posterior a una agresión, sino que incorporen herramientas de prevención y detección temprana.