– Pensiones Civiles: el costo de rescatar los fraccionamientos abandonados
– Entre nuevas obras y viejos pendientes
– Centinela: de la polémica política a la prueba de los resultados

PROBLEMA. Hay historias que comienzan con una buena intención y terminan convertidas en un problema financiero, jurídico y social. Ese parece ser el caso de los fraccionamientos propiedad de Pensiones Civiles del Estado, inmuebles que durante años permanecieron abandonados y que hoy requieren una solución que, todo indica, no será sencilla ni barata.

COSTO. El director de COESVI, José Antonio Chávez Rodríguez, puso sobre la mesa una cifra que ayuda a dimensionar la magnitud del problema: rehabilitar los cuatro fraccionamientos tendría un costo aproximado de 400 millones de pesos. Una cantidad que, de acuerdo con el funcionario, está fuera de las posibilidades presupuestales de las dependencias involucradas.

DILEMA. Y ahí comienza el verdadero problema. Por un lado están las viviendas deterioradas, algunas con daños estructurales y otras con dificultades relacionadas con servicios, urbanización y certeza jurídica. Por el otro, está la necesidad de recuperar activos que pertenecen a Pensiones Civiles y que, en lugar de representar un beneficio para sus derechohabientes, podrían continuar perdiendo valor si permanecen abandonados.

REALIDAD. La explicación de COESVI también busca poner orden en medio de la polémica: no se trata simplemente de vender casas que se encuentran en buenas condiciones. La situación es mucho más compleja. Primero habría que invertir cientos de millones de pesos para recuperar los desarrollos y, además, resolver diversos pendientes legales y administrativos.

ALTERNATIVAS. Por eso las autoridades comenzaron a explorar otras opciones. La discusión ya no parece centrarse únicamente en qué hacer con las viviendas, sino en encontrar un mecanismo que permita recuperar el valor de los inmuebles sin comprometer todavía más las finanzas de Pensiones Civiles.

PATRIMONIO. El punto central, más allá de cualquier discusión política, debería ser determinar qué alternativa permite recuperar el mayor valor posible de estos bienes sin seguir generando pérdidas. Porque mantenerlos abandonados tampoco es gratis: el deterioro continúa y con él aumentan los riesgos de invasiones, daños y una eventual pérdida patrimonial.

ANTECEDENTES. También resulta importante recordar que este problema no nació ayer. De acuerdo con COESVI, se trata de un proceso que viene desde administraciones anteriores y que ahora enfrenta una realidad complicada: recuperar los fraccionamientos requiere una inversión millonaria que las instituciones no tienen disponible.

EQUILIBRIO. La salida tendrá que encontrar un punto medio entre lo financiero y lo social. Los recursos que eventualmente puedan recuperarse deberían regresar a Pensiones Civiles para fortalecer sus servicios de seguridad social y atención médica, pero al mismo tiempo habrá que procurar que las viviendas vuelvan a cumplir una función social.

FAMILIAS. Porque detrás de los números, los trámites y los expedientes jurídicos hay casas, familias y patrimonio público. No se trata únicamente de inmuebles deteriorados, sino de activos que durante años no han cumplido con el propósito para el que fueron adquiridos.

RETO. Los 400 millones de pesos no son solamente una cifra: representan el costo estimado de corregir años de abandono. El reto para las autoridades será demostrar que la alternativa que finalmente se elija permita recuperar ese patrimonio, generar un beneficio para Pensiones Civiles y evitar que este problema termine convirtiéndose en una carga todavía mayor para las finanzas públicas.

GIRA. La visita de la gobernadora Maru Campos a Hidalgo del Parral dejó algo más que una inauguración. Entre discursos, obras y anuncios, quedaron sobre la mesa algunos de los temas que más preocupan actualmente a la región: la atención a las familias, el abasto de agua y los pendientes que todavía arrastran distintas instituciones.

JUSTICIA. La apertura del Centro de Convivencia Familiar, dentro de las nuevas instalaciones del Poder Judicial, representa una apuesta por atender un problema que muchas veces queda fuera de los grandes anuncios de infraestructura: los conflictos familiares y la necesidad de contar con espacios adecuados para preservar los vínculos entre padres, madres e hijos en medio de procesos judiciales.

AGUA. Pero si hubo un tema que inevitablemente llamó la atención fue el agua. Parral enfrenta desde hace tiempo problemas de abastecimiento y, ante ello, la gobernadora anunció una bolsa de 100 millones de pesos para infraestructura hídrica. La conclusión de los trabajos del pozo de la colonia Cerro Blanco forma parte de las acciones para buscar una solución a una demanda que, más que política, es cotidiana para miles de familias.

RESULTADOS. El reto será que esos recursos se traduzcan en resultados visibles y, sobre todo, en un suministro más estable. Porque en materia de agua los anuncios tienen fecha, pero las necesidades de la población se presentan todos los días. Ahí estará una de las principales pruebas para las autoridades.

SALUD. En la gira también aparecieron dos asuntos que siguen pendientes: el futuro del Hospital Materno de Parral y la situación de los inmuebles de Pensiones Civiles del Estado. Sobre el primero todavía no existe una definición concreta, lo que mantiene abierta una discusión particularmente sensible para trabajadores y sectores que requieren servicios médicos especializados.

VIVIENDA. En el caso de las viviendas de Pensiones, el problema es todavía más complejo. La regularización jurídica se encuentra en manos de COESVI y la Secretaría de Hacienda, por lo que cualquier decisión deberá pasar primero por darle certeza legal a los inmuebles y determinar cuál es la alternativa que permita recuperar su valor.

PENDIENTES. Así, la visita de Maru Campos a Parral dejó una fotografía interesante: una administración que busca avanzar en infraestructura, pero que también tiene que resolver asuntos heredados que no admiten soluciones rápidas. No basta con inaugurar nuevas obras cuando existen problemas acumulados que requieren decisiones de fondo.

NECESIDADES. Agua, salud, vivienda y justicia familiar forman parte de una misma ecuación: atender necesidades concretas de los ciudadanos. Son temas distintos, pero todos terminan impactando directamente en la calidad de vida de las familias y en la percepción que la población tiene sobre sus autoridades.

PARRAL. Y en una ciudad donde los pendientes se han acumulado durante años, el verdadero reto no estará solamente en anunciar inversiones o poner en marcha nuevas instalaciones. La verdadera evaluación llegará cuando esas acciones se conviertan en servicios eficientes, soluciones permanentes y resultados que los habitantes puedan sentir en su vida diaria.

RETO. Porque para Parral, los discursos pueden marcar el inicio de una solución, pero serán los resultados los que finalmente determinen si esta gira de trabajo representó un verdadero avance o solamente una nueva lista de compromisos.

SEGURIDAD. El aseguramiento de un narcolaboratorio en Hidalgo del Parral, con capacidad para producir hasta 100 kilos diarios de metanfetamina, se convirtió en el argumento utilizado por la regidora panista Isela Martínez Díaz para defender la estrategia de seguridad de la gobernadora Maru Campos y, particularmente, la Plataforma Centinela.

CENTINELA. Durante meses, la plataforma ha estado en el centro de la discusión política, entre cuestionamientos por su costo y críticas sobre su utilidad. Sin embargo, para Martínez Díaz, el escenario cambió: “Centinela ya no es un debate, es un hecho”, al considerar que los resultados operativos son la mejor respuesta frente a quienes han cuestionado la inversión.

RESULTADOS. El planteamiento de la regidora parte de una premisa sencilla: la discusión sobre una estrategia de seguridad no debería quedarse únicamente en discursos políticos, sino medirse por su capacidad para generar resultados. El aseguramiento del laboratorio clandestino representa, bajo esa lógica, un caso concreto que merece ser evaluado más allá de las posiciones partidistas.

POLÉMICA. Martínez Díaz también aprovechó para cuestionar la postura de sectores de Morena que han criticado la Torre Centinela y recordó que autoridades de Ciudad Juárez decidieron no acudir a su inauguración. Para la regidora, esa actitud refleja una resistencia política que contrasta con la necesidad de mantener coordinación entre instituciones cuando se trata de enfrentar al crimen organizado.

CRÍTICA. Y aquí hay un punto que vale la pena separar: cuestionar una política pública no necesariamente significa estar en contra de la seguridad. La exigencia de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas es válida en cualquier proyecto que implique una inversión pública importante. El problema aparece cuando la discusión política termina desplazando la evaluación objetiva de los resultados.

GOBIERNO. La administración de Maru Campos ha apostado buena parte de su estrategia de seguridad a la tecnología, inteligencia y coordinación institucional. La Plataforma Centinela es uno de los proyectos emblemáticos de esa política, por lo que cada operativo exitoso inevitablemente será utilizado por el Gobierno del Estado y sus aliados como argumento para defender la inversión.

DEBATE. Pero también sería un error pensar que un solo aseguramiento resuelve por sí mismo todas las dudas alrededor de una estrategia de seguridad. Los resultados deberán mantenerse en el tiempo, medirse y compararse con indicadores que permitan determinar si la tecnología realmente está ayudando a reducir delitos, desarticular organizaciones criminales y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

CRIMEN. El mensaje político de Isela Martínez, sin embargo, es claro: frente al crimen organizado no debería existir espacio para cálculos partidistas. La seguridad de las familias tendría que colocarse por encima de las diferencias entre gobiernos y partidos, especialmente en un estado que enfrenta retos importantes en materia de violencia y presencia delictiva.

POSTURA. La regidora cerró respaldando la decisión de Maru Campos de mantener una postura firme contra la delincuencia. Y en ese terreno, la exigencia para todos los actores políticos debería ser la misma: respaldar las acciones que funcionen, cuestionar aquello que deba corregirse y exigir transparencia cuando se utilicen recursos públicos.

RETO. Centinela podrá dejar de ser un debate político solamente cuando sus resultados puedan sostenerse de manera constante y medible. Mientras tanto, cada operativo exitoso abonará a la defensa de la estrategia, pero también elevará la exigencia de que la tecnología, la inteligencia y los recursos invertidos se traduzcan en algo que finalmente importa más que cualquier discurso: mayor seguridad para los chihuahuenses.