Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Con los rostros de sus hijos desaparecidos impresos en sus playeras, nueve madres buscadoras llegaron desde temprana hora de este lunes a la Plaza de Armas de Chihuahua, frente al Congreso del Estado, procedentes de Culiacán, Sinaloa, con un mensaje que va más allá de pedir que sus familiares sean localizados: quieren que la sociedad conozca la realidad que viven y que las autoridades no les dejen solas la responsabilidad de buscarlos.

Vestidas de rosa con amarillo y portando como símbolo un pico y una pala entrecruzados, las mujeres se instalaron en el primer cuadro de la ciudad para visibilizar a sus hijos, algunos desaparecidos en Sinaloa y otros relacionados con casos en Chihuahua.

Durante la entrevista, una de las madres relató que las familias enfrentan dificultades para recibir apoyos y recursos destinados a las labores de búsqueda, además de restricciones para salir a campo. Señaló directamente a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Sinaloa, y afirmó que existe una falta de coordinación que termina afectando a las familias.

La buscadora sostuvo que, aun cuando no cuentan con vehículos o recursos suficientes, las madres continúan saliendo a buscar a sus hijos. Explicó que, si no tienen un vehículo para trasladarse, están dispuestas a caminar, porque su prioridad es encontrar a sus familiares.

Sus declaraciones ocurren después de que durante septiembre distintos colectivos de Sinaloa han realizado protestas y presentado reclamos públicos por el acompañamiento que reciben de las autoridades. El 12 de septiembre, 15 colectivos y más de 200 familiares solicitaron la salida de Karina Elizabeth Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y Nora Patricia Figueroa Sauceda, subsecretaria de Derechos Humanos, a quienes señalaron por presuntas omisiones y falta de atención a las familias.

La propia estructura institucional de Sinaloa ubica a la Comisión Estatal de Búsqueda como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, mientras que Nora Patricia Figueroa Sauceda ocupa la Subsecretaría de Derechos Humanos.

La entrevistada también habló de los riesgos que enfrentan las mujeres que participan en las búsquedas. Relató que, después de realizar declaraciones públicas en las que señaló a autoridades, personas acudieron a buscarla y le plantearon incluso la posibilidad de que el DIF le proporcionara alojamiento en una casa hogar. La madre explicó que actualmente evita revelar dónde se encuentra por temor a poner en riesgo a su familia.

El señalamiento se da en un momento particularmente delicado para las buscadoras de Sinaloa. El pasado 29 de agosto, Alma Rosa Rojo, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, fue víctima de un ataque armado en Culiacán mientras viajaba con su hija y otros familiares. Tras el hecho, colectivos nacionales exigieron investigar el ataque y garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan labores de búsqueda.

La madre entrevistada explicó además que pertenece al colectivo Padres y Madres de Hijos Desaparecidos y que también forma parte de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, integrada, según su testimonio, por 32 colectivos de distintas zonas del estado.

De acuerdo con su estimación, tan solo en Culiacán podrían existir alrededor de 2 mil 500 personas desaparecidas, aunque reconoció que no cuenta con una cifra actualizada y que el número continúa creciendo. También señaló que han observado un aumento en desapariciones de mujeres jóvenes, particularmente entre adolescentes y mujeres de poco más de 20 años.

Sobre este último punto, la buscadora hizo un llamado a las familias y especialmente a las jóvenes para evitar normalizar relaciones o estilos de vida asociados con personas que aparentan tener recursos económicos sin que exista claridad sobre el origen de esos ingresos. Su advertencia, explicó, surge de lo que ha observado en los casos que han llegado a conocer durante su labor de búsqueda.

Las nueve mujeres permanecen en Chihuahua con fotografías de sus hijos como una forma de mantener sus historias visibles. Su petición central es que las autoridades participen directamente en las labores de búsqueda, que las familias reciban los recursos y acompañamiento necesarios y que la desaparición de sus seres queridos no quede únicamente como un problema que ellas tengan que resolver por cuenta propia.