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Juicio Político/La batalla de Maru contra el narco electoral/Juárez concentra la lucha contra los daños de las lluvias. Mientras tanto, la Corte invalida la “Ley Anti-Narcocandidatos” de Chihuahua.

– LA BATALLA DE MARU CONTRA EL NARCO ELECTORAL
– JUÁREZ CONCENTRA LA BATALLA CONTRA LOS DAÑOS DE LAS LLUVIAS
– CORTE INVALIDA LA “LEY ANTI-NARCOCANDIDATOS” DE CHIHUAHUA

CORTE. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma electoral de Chihuahua abrió un nuevo frente político para la gobernadora Maru Campos. Más allá del contenido jurídico del fallo, la mandataria decidió llevar el tema al terreno político y cuestionar directamente a Morena por su postura frente a las disposiciones que buscaban sancionar candidaturas beneficiadas por la intervención del crimen organizado.

MENSAJE. Campos fue directa al señalar que Morena votó contra la reforma en el Congreso del Estado y posteriormente acudió ante la Corte para impugnar algunas de sus disposiciones. La gobernadora sostiene que esto deja sin efecto una de las medidas que Chihuahua pretendía establecer: impedir que una candidatura beneficiada con dinero, amenazas o presión del crimen organizado pudiera mantenerse en la contienda.

DEBATE. El tema, sin embargo, rebasa la confrontación entre partidos. El verdadero fondo de la discusión está en cómo blindar los procesos electorales frente a la posible intervención del crimen organizado, pero bajo reglas que también cumplan con los principios constitucionales. La Corte resolvió sobre las disposiciones que fueron impugnadas y ahora Chihuahua enfrenta el reto de construir mecanismos jurídicos que puedan combatir esa amenaza sin volver a ser invalidados.

ADVERTENCIA. Maru Campos dejó claro que no pretende dar por cerrado el capítulo. Su intención de buscar por otra vía la reposición de lo que fue invalidado coloca nuevamente al Congreso y al Gobierno del Estado ante la tarea de diseñar una legislación con mayor solidez constitucional. La batalla, por lo visto, no terminó con el fallo de la Corte: apenas cambió de escenario.

JUÁREZ. Las lluvias que han golpeado distintas regiones del estado colocaron a Ciudad Juárez como el principal punto de atención del Gobierno estatal, al concentrar hasta ahora la mayor movilización de apoyos para las familias afectadas por las precipitaciones.

PREVENCIÓN. El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo Castillo, explicó que la dependencia comenzó a prepararse desde antes de las lluvias, a partir de las reuniones preventivas encabezadas por la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil. El objetivo fue contar con insumos y personal para responder conforme surgieran las necesidades.

APOYOS. Despensas, cobijas, colchonetas y otros artículos fueron puestos a disposición de las familias afectadas. Aunque también se han desplegado acciones en municipios como Casas Grandes y Parral, la frontera concentra la mayor atención debido al número de colonias que registraron daños.

BRIGADAS. La dimensión del operativo se refleja en el personal movilizado: más de 100 trabajadores de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte participan en las labores, mientras alrededor de 50 realizan recorridos en brigadas para ubicar a las familias que requieren ayuda y entregar los apoyos.

RECORRIDOS. Hasta el momento no existe una cifra definitiva de beneficiarios ni de apoyos entregados, debido a que las brigadas continúan recorriendo las zonas afectadas y detectando nuevos casos. La estimación inicial es que las despensas distribuidas podrían alcanzar varios cientos.

PRIORIDADES. La estrategia, de acuerdo con Carrillo Castillo, no consiste en repartir los recursos de manera uniforme, sino en concentrarlos donde las necesidades sean mayores. Para ello, la dependencia mantiene coordinación con los ayuntamientos, la Secretaría General de Gobierno y Protección Civil para determinar qué zonas requieren mayor atención.

EMERGENCIA. Más allá de las cifras que se conozcan al cierre del operativo, el escenario actual coloca a Ciudad Juárez como el principal frente de atención por los daños provocados por las lluvias. Las brigadas estatales permanecen activas para identificar a las familias afectadas y determinar qué tipo de apoyo necesita cada una.

SCJN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua relacionadas con la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, en una resolución que representa un revés legislativo para el Gobierno estatal y que modifica el escenario jurídico rumbo a las elecciones de 2027.

IMPUGNACIÓN. El Pleno de la SCJN analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores locales de Morena y determinó invalidar las disposiciones que contemplaban la posibilidad de anular una elección por intervención del crimen organizado, así como aquellas relacionadas con sanciones a candidatos o partidos que resultaran beneficiados por grupos delictivos.

GOBIERNO. La resolución llegó después de que la gobernadora Maru Campos hiciera un llamado público para mantener vigente la regulación. La mandataria había defendido la necesidad de contar con mecanismos que permitieran impedir que el dinero, las amenazas o la presión del crimen organizado pudieran influir en las candidaturas y en los resultados electorales.

FALLO. Con el proyecto presentado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra como base, la Corte determinó que las disposiciones impugnadas no podían mantenerse en los términos aprobados por el Congreso de Chihuahua. El fallo obliga ahora a replantear la legislación estatal bajo los parámetros establecidos por la Constitución federal.

CONGRESO. El Poder Legislativo de Chihuahua enfrenta además el reto de adecuar su marco jurídico antes del 1 de octubre, particularmente para incorporar la regulación relacionada con la nulidad de elecciones por intervención e injerencia extranjera, conforme a las disposiciones federales aplicables.

ESCENARIO. El tema no queda cerrado con la resolución de la Corte. Chihuahua tendrá que encontrar una nueva vía legislativa para establecer mecanismos contra la posible intervención del crimen organizado en las elecciones, pero esta vez dentro de los límites constitucionales que estableció el máximo tribunal.