En el programa Replicante, Mario Flores dialogó con la abogada Tania Belkotosky sobre los señalamientos que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo en la mañanera respecto a la sobrepoblación carcelaria en México y la posibilidad de liberar a personas sentenciadas por delitos menores.

Según el Cuaderno Estadístico Penitenciario, con corte a junio de 2026, en el país había 270 mil 158 personas privadas de la libertad. De ese total, aproximadamente 249 mil se encontraban en centros de reinserción social estatales y cerca de 21 mil en los CEFERESO federales.

El hacinamiento se concentra de manera clara en el ámbito estatal.Uno de los datos más relevantes que subrayó Belkotosky es que alrededor del 43 por ciento de la población penitenciaria nacional aún no tiene sentencia. Muchas de estas personas llevan años en prisión preventiva sin que se resuelva su situación jurídica.

La abogada recordó que, conforme a los plazos legales, nadie debería permanecer más de dos años sin una resolución judicial.Belkotosky fue enfática al señalar que la idea de liberar a personas por delitos menores no constituye una novedad. “Esto ya existe, pero es evidente que no para todos”, afirmó.

La Ley Nacional de Ejecución Penal ya contempla figuras como la libertad anticipada, la libertad condicionada y la preliberación para personas sentenciadas que reúnan ciertos requisitos (buena conducta, reparación del daño, porcentaje de pena cumplida, entre otros).

Estos beneficios están expresamente excluidos para delitos graves como asesinato, secuestro, delincuencia organizada o trata de personas.En otras palabras, liberar a sentenciados por delitos menores ya es posible y se aplica en algunos casos.

El verdadero problema, según la especialista, radica en las miles de personas que permanecen años en prisión preventiva sin sentencia.La crítica de Belkotosky se centró en la falta de claridad: en la mañanera se presentan como novedades medidas que ya están previstas en la legislación vigente. “La presidenta debería ser más clara en este tipo de cosas”, comentó.

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Aunque el gobierno ha indicado que, a través de la Consejería Jurídica, trabaja en posibles ajustes para agilizar los procesos de quienes enfrentan delitos menores o llevan mucho tiempo sin sentencia, los especialistas coinciden en que gran parte de las herramientas legales ya existen.

El desafío real es aplicarlas de forma efectiva, sobre todo en los sistemas penitenciarios estatales, donde se concentra la mayor parte de la población y de la sobrepoblación.

El debate vuelve a poner en evidencia un problema estructural del sistema de justicia mexicano: la lentitud de los procesos penales, el uso excesivo de la prisión preventiva y la saturación de las cárceles estatales. Mientras no se reduzcan los tiempos de juicio y no se apliquen de manera generalizada los beneficios ya contemplados en la ley, el hacinamiento seguirá siendo una realidad cotidiana.