La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo para preparar un decreto que regule el contenido violento en redes sociales. La medida surge tras los recientes ataques en escuelas, incluido el ocurrido en Torreón, donde dos exalumnos asesinaron a una subdirectora, y el caso de Querétaro, donde un estudiante atacó con cuchillos a cuatro compañeros.

El grupo de trabajo decreto será elaborado por una mesa encabezada por la consejera jurídica Luisa María Alcalde e integrada por:

La Secretaría de Seguridad.
La SEP.
La Agencia de Transformación Digital.

El objetivo es establecer obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción de contenidos que inciten a la violencia.

Medidas contempladas
Según explicó Omar García Harfuch, el decreto incluirá:
Retiro obligatorio de publicaciones que inciten al abuso, acoso o violencia.
Mecanismos de coordinación con autoridades.
Buzones confidenciales para detección temprana de riesgos.
Acompañamiento a familias y programas de control emocional.

Protección a comunidades escolares
Sheinbaum subrayó que el decreto se acompañará de reformas para regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a redes sociales, con énfasis en protegerlos de contenidos violentos.

“Jamás se va a fabricar una prueba y menos en un caso tan delicado”, dijo, al insistir en que la tarea de inteligencia debe distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta.

El anuncio busca responder a la presión social tras los ataques escolares y reforzar la narrativa de que el gobierno actúa preventivamente. Al mismo tiempo, abre un debate sobre los límites de la regulación digital y la libertad de expresión, especialmente en un país donde la sátira política y los memes han sido parte del debate público.

Conclusión
El decreto contra la violencia digital coloca a las plataformas en el centro de la responsabilidad. La 4T busca blindar a las comunidades escolares y evitar que hechos como los de Torreón y Querétaro se repitan. El reto será equilibrar la protección con el respeto a la libertad de expresión en un entorno digital cada vez más complejo.