Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Personas con discapacidad acudieron este miércoles al Congreso del Estado para participar en los trabajos de la Mesa Técnica de Derechos Humanos y Atención de Personas con Discapacidad, donde se analiza una reforma al Código Civil de Chihuahua relacionada con la capacidad jurídica y los llamados juicios de interdicción.

Lourdes Gallegos Medina, Julio César Ramírez Peña y Víctor Baloyes explicaron que uno de los principales objetivos de su participación es impulsar un cambio en el modelo actual, de manera que una persona con discapacidad pueda tomar directamente sus propias decisiones y realizar sus trámites legales, en lugar de que otra persona sustituya su voluntad.

Gallegos Medina señaló que la propuesta busca pasar de un esquema de sustitución de derechos a uno en el que la persona con discapacidad conserve plenamente su capacidad para decidir, teniendo la posibilidad de solicitar el apoyo de alguien de su confianza cuando así lo considere necesario.

“Que yo como persona con discapacidad lleve a alguien que haga los trámites legales por mí, pasemos a que lo haga yo en todo mi derecho”, explicó durante su participación.

La reforma que se analiza contempla precisamente modificar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Chihuahua para reconocer plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, incluyendo la eliminación del juicio de interdicción y la incorporación de mecanismos de apoyo para el ejercicio de sus derechos.

Los participantes señalaron que el objetivo también es proteger el derecho de decisión de las personas con discapacidad, particularmente en asuntos legales y patrimoniales, evitando que otras personas terminen tomando decisiones en su lugar o administrando recursos que les corresponden.

Gallegos Medina indicó que los trabajos todavía avanzan y que existen diversos aspectos legales que deben revisarse antes de concretar la reforma, por lo que consideró importante que las propias personas con discapacidad permanezcan atentas a las modificaciones que puedan afectar directamente sus derechos.

En las mesas participan personas con discapacidad, madres cuidadoras y representantes de distintas instituciones. Entre los asistentes se encuentran autoridades del Congreso, asesores legislativos, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Registro Público de la Propiedad, así como personal del ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud.

La Mesa Técnica comenzó sus trabajos en septiembre y mantiene reuniones los miércoles a las 10:00 horas en las instalaciones del Congreso del Estado. El análisis forma parte del proceso para armonizar la legislación estatal con los estándares de derechos humanos y el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.