Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Padres de familia de la primaria Práxedis G. Guerrero, ubicada en el cruce de las calles Coronado y 27a, en el Centro de Chihuahua, denunciaron presuntas agresiones físicas y psicológicas entre estudiantes, además de deficiencias en la vigilancia que, aseguran, podrían poner en riesgo la integridad de los menores. Entre sus principales preocupaciones están el ingreso de un hombre ajeno al plantel hasta un salón de clases, la puerta de acceso de la escuela presuntamente abierta y sin supervisión suficiente, las fallas en las cámaras de seguridad y la atención que reciben los reportes de violencia escolar.

Las familias advierten que no se trata únicamente de problemas de disciplina. A su juicio, las situaciones expuestas reflejan la necesidad de revisar cómo se controla la entrada y salida de alumnos, qué medidas se aplican cuando una persona desconocida ingresa a las instalaciones y cómo responde el personal ante las denuncias de agresiones entre estudiantes. Los padres piden que las autoridades educativas intervengan antes de que una falla de supervisión o un conflicto escolar tenga consecuencias más graves.

Uno de los casos fue expuesto por Ricardo Quesada, padre de una alumna, quien relató que el pasado 22 de septiembre un hombre ajeno a la comunidad escolar ingresó al plantel y llegó hasta un salón de tercer grado para preguntar por una niña. Según su testimonio, la maestra no reconoció al sujeto y, después de que buscaron a la menor, esta regresó al aula y se cruzó con el hombre antes de que abandonara las instalaciones. El nombre que preguntó coincidió con el de la hija de Quesada, aunque el padre aclaró que no tiene elementos para asegurar que el individuo hubiera acudido específicamente por ella.

El episodio generó preocupación porque, de acuerdo con el relato, el desconocido logró llegar hasta un salón sin ser identificado por la docente. Los padres cuestionan cómo pudo ingresar una persona ajena a la escuela y desplazarse por las instalaciones hasta tener contacto con los estudiantes. Aunque no se ha establecido la identidad ni la intención del hombre, las familias consideran indispensable esclarecer lo sucedido y revisar los controles de acceso.

La inquietud se extiende a la puerta de acceso de la propia escuela, que, según los señalamientos de los padres, permanece abierta y sin la supervisión necesaria. Las familias advierten que esta condición podría facilitar tanto la entrada de personas ajenas como la salida de un alumno sin que el personal lo detecte de inmediato. Un menor que abandone el plantel sin acompañamiento podría extraviarse, exponerse al tránsito vehicular o quedar vulnerable ante otras situaciones de peligro fuera de la escuela.

Durante las conversaciones entre tutores también se mencionó el caso de un menor con autismo que presuntamente habría salido de las instalaciones y fue regresado por personas de la zona. Este señalamiento requiere corroboración independiente, pero incrementó las dudas de las familias sobre la vigilancia de los alumnos y la capacidad del plantel para detectar oportunamente cuando un niño se encuentra fuera de las áreas donde debería permanecer.

Para los padres, el control de la puerta no puede depender de que alguien advierta por casualidad una situación irregular. Solicitan que las entradas y salidas permanezcan vigiladas durante toda la jornada, que exista personal responsable de controlar el acceso y que se establezcan procedimientos para verificar quién entra, quién sale y qué debe hacerse cuando un alumno no se encuentra en el lugar correspondiente.

A estas preocupaciones se suman las fallas denunciadas en el sistema de videovigilancia. Quesada señaló que las cámaras tienen puntos ciegos y que no cubren todas las áreas necesarias para observar los movimientos dentro del plantel. Además, aseguró que el día en que ingresó el desconocido los equipos se encontraban en mantenimiento, por lo que no habría imágenes que permitieran identificar al hombre o reconstruir con precisión lo ocurrido.

Los padres cuestionaron que los trabajos de mantenimiento se realizaran durante el horario escolar y solicitaron que se programen en fines de semana o días sin clases. También pidieron revisar la cobertura de las cámaras y contar con respaldo de energía y almacenamiento, pues, según su testimonio, una interrupción eléctrica puede afectar la conservación de las grabaciones. Consideran que un sistema de seguridad debe servir para prevenir incidentes y aportar evidencia cuando se requiere investigar una situación de riesgo.

Quesada relató que preguntó a la dirección si se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el ingreso del desconocido. Según su versión, inicialmente le indicaron que no se había realizado. El padre aseguró que posteriormente consultó a policías municipales, quienes le recomendaron informar a otros tutores y acudir ante la autoridad investigadora. La actuación de la dirección y la existencia de reportes oficiales deberán ser aclaradas por las autoridades correspondientes.

Mientras las familias cuestionaban las condiciones de seguridad, otra madre denunció una presunta agresión física contra su hija, de ocho años. La mujer afirmó que el 30 de septiembre la niña habría sido sujetada del cuello por otra estudiante y que la escuela no le informó oportunamente sobre lo sucedido. Según su relato, se enteró a través de la persona encargada de recoger a la menor, quien habría observado marcas en su cuello.

La madre sostuvo que su hija le contó que durante el episodio comenzó a perder la visión y después tuvo dificultades para recordar lo ocurrido. Ante la situación, acudió a la Fiscalía para presentar su declaración y la de la niña. De acuerdo con lo que relató, le indicaron que el caso sería canalizado al DIF para valorar las circunstancias y determinar el seguimiento correspondiente.

La mujer señaló que su hija dejó de asistir a clases durante aproximadamente una semana por miedo a regresar. Su preocupación no se limita a las lesiones que, según su testimonio, presentó la menor, sino también al impacto emocional que le habría provocado la experiencia. La madre pidió que se investigue lo ocurrido y que se adopten medidas para evitar nuevas agresiones, de modo que los estudiantes puedan acudir a clases sin temor.

La denunciante también manifestó que busca una respuesta que proteja a todos los menores involucrados, incluida la estudiante señalada, sin exponerla públicamente ni anticipar culpabilidades. Sin embargo, considera necesario que las autoridades determinen qué ocurrió, revisen cómo se atendió el reporte y establezcan medidas que impidan que una situación similar vuelva a presentarse.

Durante reuniones y conversaciones entre padres surgieron otros señalamientos sobre presuntos conflictos recurrentes entre estudiantes, amenazas, prendas de vestir dañadas y enfrentamientos físicos. Algunos tutores aseguraron que ciertos problemas se remontarían al ciclo escolar anterior y cuestionaron si las quejas han recibido seguimiento suficiente. Las versiones sobre algunos episodios son distintas, por lo que corresponde a las autoridades revisar cada caso y esclarecer los hechos antes de establecer responsabilidades.

Los testimonios reflejan una preocupación que va más allá de una pelea entre compañeros. Las familias temen que la repetición de conflictos, las amenazas y la falta de una respuesta que consideren efectiva puedan generar un ambiente de intimidación dentro de las aulas. En este contexto, piden que se atienda tanto el bullying físico como el psicológico, que puede manifestarse mediante hostigamiento, amenazas y conductas que provocan miedo o afectan la estabilidad emocional de los estudiantes.

Los padres cuestionaron también la supervisión de los grupos y la manera en que se informa a las familias cuando ocurre una agresión. Durante las reuniones se plantearon dudas sobre la intervención del personal docente, el seguimiento de los reportes y la atención que reciben los menores después de un conflicto. Estas inquietudes hacen necesario revisar los protocolos escolares para escuchar a los niños, detectar posibles patrones de violencia, informar oportunamente a sus tutores y actuar cuando existe riesgo para la integridad de un alumno.

En el caso de la niña que habría sido sujetada del cuello, la madre aseguró que no recibió información oportuna por parte de la escuela. Esta acusación refuerza la exigencia de las familias de contar con mecanismos claros de comunicación, especialmente cuando un estudiante presenta lesiones, manifiesta temor o necesita atención. La respuesta institucional, sostienen, no debe limitarse a intervenir después del incidente, sino incluir seguimiento para evitar que el problema continúe.

La dirección también quedó bajo cuestionamiento por la forma en que, según los padres, se atendieron los reportes. Quesada afirmó que representantes educativos le comunicaron que se contemplaba una separación temporal de la directora mientras se revisaban los hechos y se designaba a una persona interina. No obstante, reconoció que no tenía certeza de que la medida se hubiera formalizado. Por ahora, no se cuenta con confirmación oficial suficiente para afirmar que exista una suspensión ni para establecer responsabilidades administrativas.

Durante una reunión, la directora manifestó que la seguridad de los alumnos era una prioridad. Los padres, sin embargo, pidieron que esa postura se traduzca en acciones verificables y no quede únicamente en compromisos verbales. Entre las medidas que solicitan están mantener vigilada la puerta de acceso, revisar las condiciones de seguridad de las instalaciones, corregir los puntos ciegos de las cámaras, asegurar la conservación de las grabaciones y establecer procedimientos para responder ante el ingreso de personas desconocidas o la salida no autorizada de estudiantes.

También exigen que las denuncias de agresiones se investiguen, que los tutores sean informados oportunamente y que se dé seguimiento a los menores que manifiesten temor de regresar a clases. Para las familias, la escuela debe contar con mecanismos efectivos para prevenir el acoso, atender los conflictos y garantizar que los estudiantes permanezcan bajo supervisión durante la jornada.

Los señalamientos exponen dos problemas que requieren atención: la seguridad física de los alumnos frente a riesgos relacionados con los accesos y la vigilancia, y la protección de su integridad emocional ante presuntas agresiones entre compañeros. Las familias temen que una falla en cualquiera de estos ámbitos deje a los menores sin la protección que necesitan mientras están bajo el cuidado de la institución.

Los padres exigen que las autoridades educativas revisen las condiciones de seguridad, esclarezcan las denuncias y determinen si existieron omisiones en la atención de los incidentes. También piden que las autoridades competentes den seguimiento a los casos denunciados y comuniquen qué medidas se implementarán para proteger a los estudiantes.

Para las familias, el objetivo es que ningún niño pueda salir del plantel sin ser detectado, que ninguna persona ajena llegue hasta los salones sin control y que los reportes de violencia no sean minimizados. La exigencia es que la seguridad y la convivencia escolar se atiendan con acciones concretas, supervisión efectiva y mecanismos de respuesta que permitan a los menores estudiar en un entorno seguro.