Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cuestionó las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván sobre el exfiscal general César Jáuregui Moreno y las investigaciones relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua en abril de 2026.

La gobernadora afirmó en una entrevista difundida el 14 de octubre que el caso abrió una “caja de Pandora” dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) y señaló que la actuación de Jáuregui y de otros funcionarios fue inadmisible. También confirmó la existencia de carpetas de investigación tanto en la Fiscalía estatal como en la Fiscalía General de la República (FGR).

En respuesta, Estrada consideró que el hecho de que la mandataria diga que desconocía lo ocurrido no elimina automáticamente cualquier posible responsabilidad. Argumentó que, si no estaba enterada de las actuaciones de la Fiscalía, tendría que examinarse si existió una omisión; y que, si sí tenía conocimiento, también correspondería determinar qué responsabilidades podrían derivarse. Sus señalamientos constituyen una valoración política y no una resolución judicial.

El legislador sostuvo que las declaraciones de Campos confirmarían aspectos que, según él, tanto la gobernadora como integrantes de su administración habían negado durante semanas o meses. Afirmó que el reconocimiento público de esos hechos reviste gravedad, aunque las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Estrada señaló que existen carpetas abiertas, pero cuestionó la competencia de la Fiscalía estatal para investigar el asunto. Indicó que, a su juicio, tanto la unidad investigadora como la propia FGE carecerían de competencia en determinados aspectos del caso. No obstante, dijo que debe esperarse a que concluyan las indagatorias y a que las autoridades determinen si procede llevar posibles responsabilidades ante un órgano jurisdiccional.

Durante la rueda de prensa también se le preguntó si las declaraciones de la gobernadora podrían tener efectos en la vida interna del Partido Acción Nacional (PAN). Estrada respondió que no puede anticipar cómo interpretará la militancia panista el hecho de que Campos haya señalado públicamente a su exfiscal, ni qué consecuencias políticas podría tener en el proceso interno del partido.

Otro de los puntos abordados fue la relación entre el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno federal. La gobernadora atribuyó al exfiscal parte de las dificultades relacionadas con esa relación institucional. Estrada cuestionó esa explicación al señalar que Campos lleva cinco años al frente del Ejecutivo estatal y que las diferencias entre ambos gobiernos anteceden al conflicto con Jáuregui, que se hizo público en 2026.

El diputado afirmó que la relación institucional no ha sido la óptima para los intereses de los chihuahuenses y preguntó cómo se explicaría lo ocurrido durante los años anteriores a 2026 si toda la responsabilidad se atribuye al exfiscal.

Estrada también rechazó que las posibles responsabilidades de funcionarios se analicen desde la idea política de si una actuación es “imperdonable”. Sostuvo que corresponde a las fiscalías investigar y a los tribunales determinar si se violaron la Constitución o las leyes, así como establecer las consecuencias que procedan en caso de acreditarse una infracción.

El caso se originó tras un operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, relacionado con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino. En los hechos murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses cuya presunta relación con la CIA fue reportada públicamente, además de dos elementos de seguridad mexicanos. La participación de agentes extranjeros generó cuestionamientos sobre la coordinación y los procedimientos legales aplicables.

La postura de Estrada fue que la controversia debe resolverse mediante investigaciones y procedimientos legales, sin sustituir las determinaciones de las autoridades competentes por valoraciones políticas.