Chihuahua, Chih.- La detención del exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, abrió un nuevo capítulo en las investigaciones por el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, donde se desmanteló un presunto narcolaboratorio y posteriormente se conoció la participación de agentes estadounidenses en actividades relacionadas con el caso.

Tras la aprehensión, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, sostuvo que ninguna persona está por encima de la ley, independientemente del cargo que haya ocupado o de los resultados obtenidos durante su gestión.

El funcionario señaló que la institución mantiene el compromiso de poner a disposición de las autoridades a quienes hayan cometido delitos, incluso cuando se trate de personas que trabajaron dentro de la propia Fiscalía. También aclaró que la investigación no desconoce los resultados del operativo contra el laboratorio clandestino, sino que busca esclarecer cómo se desarrolló y si se respetaron los procedimientos legales.

Loya explicó que la unidad creada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal determinó, el pasado 12 de mayo, la probable participación de personas extranjeras en el operativo. A partir de las indagatorias, un juez de control autorizó una orden de aprehensión contra Jáuregui por su probable participación en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

El exfiscal fue detenido la mañana del sábado 17 de octubre por elementos de la Fiscalía estatal cuando circulaba por la avenida La Cantera, en el cruce con Washington, en la ciudad de Chihuahua. La captura se realizó en cumplimiento de una orden judicial correspondiente a la causa penal 3055/2026, emitida el 16 de octubre.

La resolución judicial también contempla una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas. En su caso, además de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, se señala el de falsedad ante autoridades con penalidad agravada. Hasta el momento de los reportes iniciales sobre el operativo, no se había confirmado públicamente su detención.

El caso tiene como antecedente el operativo efectuado en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, para desmantelar un laboratorio presuntamente dedicado a la elaboración de drogas sintéticas. Durante los hechos relacionados con el despliegue, dos agentes estadounidenses identificados en reportes periodísticos como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dos funcionarios de la Fiscalía estatal murieron en un accidente carretero cuando regresaban de la zona.

La presencia de agentes extranjeros en actividades de seguridad dentro de Chihuahua generó cuestionamientos sobre la coordinación con las autoridades federales y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la colaboración internacional. La Fiscalía General de la República también abrió investigaciones relacionadas con el caso.

La controversia alcanzó a la estructura de mando de la Fiscalía estatal y derivó en la salida de Jáuregui de la titularidad del organismo en abril. Desde entonces, las actuaciones realizadas en El Pinal y las circunstancias en que participaron los agentes extranjeros han permanecido bajo escrutinio público.

La orden de aprehensión representa un avance dentro del procedimiento penal, pero no equivale a una sentencia ni determina por sí misma la culpabilidad del exfiscal. La responsabilidad penal deberá establecerse ante la autoridad judicial, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Con la detención, el caso pasa a una etapa judicial en la que deberán exponerse los datos de prueba, las imputaciones y los argumentos de la defensa. Mientras tanto, la postura expresada por Loya coloca el cumplimiento de la ley y la revisión de la cadena de mando entre los ejes centrales de la investigación.