Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Chihuahua, Chih.- La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común mantiene bajo revisión la continuidad de los llamados chalecos azules, nombre con el que se identifica al personal que realiza labores de asistencia social, mientras evalúa la disponibilidad presupuestal y las necesidades de los programas dirigidos a la población, informó el titular de la dependencia, Jesús Salvador Carrillo Castillo.

El funcionario explicó que actualmente este grupo está integrado por entre 250 y 270 personas, una cifra variable debido a los movimientos de personal que se registran cada quincena o mes. Recordó que en años anteriores llegó a superar los 600 y hasta 700 integrantes, por lo que ahora se analiza si es necesario mantener el programa en sus condiciones actuales.

Carrillo Castillo señaló que la dependencia ha realizado esfuerzos para conservar a los asistentes sociales y que espera mantenerlos hasta el cierre del año, aunque aclaró que la decisión dependerá de la evolución del presupuesto y de las necesidades operativas. Explicó que este personal contribuye al cumplimiento de las metas de otros programas sociales y participa en labores de diagnóstico para identificar las condiciones de la población beneficiaria.

Ante la posibilidad de ampliar los recursos destinados a despensas y otros apoyos, el secretario sostuvo que la prioridad está en garantizar la continuidad y el crecimiento de las estrategias de atención directa, particularmente los comedores comunitarios, los apoyos alimentarios y las estancias infantiles. Añadió que, si es necesario realizar ajustes presupuestales para sostener estos servicios, la dependencia buscará efectuarlos.

Como parte de esta estrategia, indicó que uno de los objetivos de la Secretaría es avanzar en la apertura de 30 comedores comunitarios durante lo que resta del año, por lo que aseguró que su atención está concentrada en mantener la operación de estos espacios y ampliar la cobertura alimentaria.

En otro tema, el funcionario rechazó que exista una persecución contra exfuncionarios que estuvieron al frente de la dependencia. Explicó que la revisión administrativa que se lleva a cabo busca entregar la institución en orden y conocer cómo se ejercieron los recursos desde el inicio de la gestión revisada.

Precisó que el análisis pretende identificar posibles inercias administrativas, gastos innecesarios, duplicidades o deficiencias en el manejo de los recursos, sin que esto implique señalar de antemano a alguna persona. Sostuvo que su responsabilidad está centrada en el funcionamiento de la Secretaría y en el cumplimiento de los programas sociales, no en perseguir a quienes ocuparon anteriormente algún cargo.

Sobre la posibilidad de que se hayan encontrado anomalías, Carrillo Castillo aclaró que hasta el momento no han dado vista al Órgano Interno de Control (OIC) por alguna irregularidad derivada de esta revisión. Sin embargo, puntualizó que el análisis del ejercicio del gasto continúa.

El secretario explicó que la dependencia no tiene atribuciones para emitir conclusiones formales sobre posibles faltas administrativas o irregularidades financieras. En caso de encontrar algún elemento que lo amerite, correspondería informar al OIC para que determine el procedimiento y, de ser necesario, intervengan las autoridades competentes.

Detalló que entre las instancias facultadas para revisar el manejo de los recursos públicos se encuentran la Secretaría de la Función Pública, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dentro del Gobierno estatal, y la Auditoría Superior del Estado, responsable de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos conforme a sus atribuciones legales.

Carrillo Castillo insistió en que la revisión seguirá adelante, pero reiteró que no sería responsable afirmar que se detectaron anomalías mientras no exista una valoración de las autoridades correspondientes. Por ahora, dijo, la prioridad de su administración es mantener los programas de asistencia social, fortalecer la atención alimentaria y garantizar que los recursos disponibles se destinen a las necesidades de la población.