CHIHUAHUA, Chih.— El panorama político en Chihuahua ha dado un giro radical tras la difusión de una carta abierta firmada por César Jáuregui Moreno, ex fiscal general del estado, quien apeló directamente al panismo nacional ante los procesos judiciales que enfrenta por el caso conocido como “El Pinal”. Su detención ha provocado un cisma interno profundo debido a las acusaciones cruzadas con la gobernadora de su propio partido, María Eugenia “Maru” Campos Galván.

Jáuregui fue detenido inicialmente el 17 de octubre por la Fiscalía General del Estado, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Solo dos días después, tras serle negada la prisión preventiva a nivel local, fue reaprehendido por agentes federales bajo el cargo de traición a la patria. Frente a esta ofensiva judicial coordinada por “dos fiscalías de signos políticos distintos”, el exfuncionario —quien buscaba la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua— denunció una persecución para frenar sus aspiraciones, rompiendo toda tregua con el Ejecutivo estatal.

En el documento, Jáuregui reclama la falta de reciprocidad por parte de Maru Campos, recordando que él abanderó activamente la campaña #YoConMaru cuando ella enfrentó señalamientos políticos similares en el pasado. Tras calificar de “desafortunadas y contrarias a la verdad” las declaraciones de la mandataria que validaron su captura, advirtió al panismo nacional que consentir el uso faccioso de los tribunales sienta un peligroso precedente: “Si hoy se tolera conmigo, mañana se usará contra cualquiera de ustedes”.

Como respuesta a la persecución denunciada, la plataforma ciudadana cesarjauregui.com.mx/libertad ya registra más de 5,100 firmas digitales bajo la consigna “No al abuso de poder con fines políticos”. Mientras el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y las bancadas en el Congreso evalúan el costo político de intervenir, Jáuregui insiste en que no busca impunidad, sino el respeto estricto a su debido proceso y sus derechos políticos.

Comentario
El caso de César Jáuregui expone la degradación de las instituciones judiciales en México, utilizadas históricamente como herramientas de depuración y revancha política. Resulta inverosímil la sincronía entre una fiscalía local y una federal para imputar delitos tan severos como la traición a la patria en pleno proceso electoral interno. Más allá de su culpabilidad o inocencia, el pragmatismo con el que la gobernadora Maru Campos sacrificó a su antiguo aliado evidencia que en la política chihuahuense las lealtades caducan pronto y que el control del poder local justifica cualquier quiebre institucional.