Claudia Sheinbaum ha puesto el dedo en la llaga sobre un problema profundamente arraigado en la operación del Instituto Nacional Electoral (INE): la dependencia de empresas intermediarias, a las que calificó como “coyotes,” para la provisión de papelería y material electoral. Este debate resurgió con fuerza tras el escándalo que envuelve a Guadalupe Taddei, la presidenta del INE, cuyo manejo ha sido cuestionado y lleva a un reclamo por una auditoría rigurosa.

Los “coyotes” a los que se refiere Sheinbaum no son simples proveedores. Según investigaciones periodísticas y reportes oficiales, estas empresas, vinculadas a los hermanos Hernández Casillas, han participado durante más de 20 años en licitaciones millonarias para suministrar materiales a diferentes organismos electorales, actuando siempre como intermediarios — sin contar con infraestructura propia ni capacidad de producción directa. Este modelo inflaría costos y genera sospechas de conflicto de interés y falta de transparencia.

El gobierno ha señalado que estas empresas son necesarias para cumplir con los estrictos requerimientos y candados que el INE impone al proceso de licitación, dificultando la participación de nuevos proveedores. Sin embargo, Sheinbaum reclama una transformación profunda, proponiendo que el Estado tome control directo de la producción electoral, evitando así abusos y buscando mayor claridad en el manejo de recursos públicos.

La propuesta de Sheinbaum es fortalecer a Talleres Gráficos de México, entidad estatal especializada en la impresión, mediante la creación formal de un consejo de administración con supervisión externa. Esto no solo haría viable la impresión de la mayor parte del material electoral de manera transparente, sino que también podría reducir costos y eliminar intermediarios innecesarios. Para otros insumos, aboga por licitaciones abiertas que aseguren competencia real y acceso igualitario.

Este planteamiento ya coincide con debates históricos sobre la modernización y transparencia en los procesos electorales mexicanos, donde la confianza ciudadana juega un papel crucial. Entre 2015 y 2022, las auditorías han detectado irregularidades y opacidad en contrataciones, lo que desgasta la legitimidad de los organismos electorales.

Además, Sheinbaum defendió que Guadalupe Taddei no fue “impulsada” ni apoyada directamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, recordando que su designación fue resultado de un procedimiento de insaculación en la Cámara de Diputados, y advirtió categóricamente que Taddei “traicionó la confianza del pueblo de México”. Esta declaración subraya la necesidad de limpiar y reformar las estructuras internas para evitar una crisis mayor de credibilidad.

En definitiva, el caso del INE refleja una problemática que supera la gestión individual y apunta a un sistema que necesita modernizarse, con mecanismos claros que eviten la concentración de contratos en empresas intermediarias y garanticen la transparencia y eficiencia que la democracia mexicana demanda.