CIUDAD DE MÉXICO. La logística del sistema democrático mexicano enfrenta un severo cuestionamiento desde la cúpula del Poder Ejecutivo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció la existencia de un duopolio privado beneficiado durante años con la adjudicación de contratos para la fabricación de insumos y materiales electorales destinados a los organismos públicos locales (OPLEs).

La acusación señala directamente a gestiones pasadas y presentes del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezadas por Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, de perpetuar un esquema de compras direccionadas mediante bases de licitación altamente restrictivas. De acuerdo con la mandataria, estas prácticas de exclusión comercial datan de 1999 y se consolidaron a partir de los criterios normativos impuestos tras la reforma electoral de 2014.

Frente a la presunta concentración de mercado en favor de dos empresas privadas, el Gobierno federal solicitó la intervención formal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar las licitaciones y adjudicaciones otorgadas en las últimas décadas. En caso de que las auditorías financieras e institucionales detecten irregularidades administrativas de carácter ilícito, los expedientes serán remitidos directamente a la Fiscalía General de la República (FGR).

Como medida estratégica para desmantelar este esquema antes de las elecciones intermedias de 2027, el Ejecutivo federal propuso fortalecer la capacidad operativa de Talleres Gráficos de México (TGM). El objetivo central es que la entidad estatal asuma la producción mayoritaria de urnas, mamparas y papelería oficial, recuperando la soberanía industrial en la elaboración de insumos democráticos y garantizando precios competitivos.