El relevo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) detonó un severo conflicto legislativo tras la dimisión de Guadalupe Taddei Zavala el pasado 25 de octubre de 2026.

Acorralada por severos cuestionamientos sobre contrataciones públicas y posibles conflictos de interés en licitaciones del órgano electoral, la expresidenta dejó el cargo en medio del escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que inició una investigación de oficio sobre los procesos de adjudicación ejecutados durante su administración.

Frente a este escenario, la bancada mayoritaria en la Cámara Alta fijó una postura contundente. El vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, advirtió que la renuncia de la funcionaria no suspende la acción de la justicia y demandó llegar hasta las últimas consecuencias legales.

“La dimisión no otorga impunidad. Si las indagatorias de la Auditoría Superior confirman irregularidades o delitos administrativos en los contratos adjudicados, debe aplicarse la ley sin contemplaciones y castigarse con penas de cárcel a los responsables”, aseveró el legislador tabasqueño.

Asimismo, Cantón Zetina respaldó una depuración profunda en la estructura directiva del árbitro electoral para restituir la confianza ciudadana de cara a los próximos procesos.

Por otro lado, el senador morenista puso sobre la mesa el debate legislativo para revisar y modificar el esquema institucional del INE. Propuso reconsiderar la reforma que acotó la colegialidad interna y concentró facultades operativas en la presidencia de la Junta General Ejecutiva. No obstante, para garantizar certidumbre jurídica, el parlamentario aclaró que cualquier ajuste normativo se aplicará de forma posterior y no regirá para los comicios federales de 2027.