Por Redacción |

La crisis institucional que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) sumó un nuevo capítulo luego de que el Órgano Interno de Control (OIC) detectara presuntas irregularidades en la contratación de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025, un procedimiento que terminó costando millones de pesos más al erario pese a existir una propuesta económicamente más favorable.

De acuerdo con los hallazgos preliminares expuestos por el contralor, Víctor Hugo Carvente Contreras, el INE descartó la propuesta presentada por Talleres Gráficos de México, organismo público adscrito a la Secretaría de Gobernación, a pesar de que ofrecía un ahorro potencial superior a 34 millones de pesos y cumplía con las especificaciones técnicas requeridas para la producción del material electoral.

La exclusión se produjo por inconsistencias detectadas en dos documentos utilizados para acreditar experiencia. Uno de los expedientes contenía una página faltante y otro presentaba un anexo incorrecto. Como consecuencia, el instituto determinó que la empresa pública no alcanzaba el mínimo de contratos exigidos para participar en el procedimiento.

Posteriormente, el INE optó por una adjudicación directa a las empresas Cajas Graf y TOL Producciones, cuya propuesta resultó aproximadamente 26.7 millones de pesos más costosa. La contratación contempló la fabricación de más de 63 mil urnas y 432 mil mamparas destinadas al proceso extraordinario de elección judicial.

El OIC cuestionó no sólo la decisión económica, sino también la falta de elementos suficientes para acreditar la capacidad técnica, financiera y operativa de las compañías seleccionadas. Además, observó deficiencias en la investigación de mercado realizada por el instituto y señaló que algunos de los proveedores considerados no necesariamente tenían relación directa con la fabricación de materiales electorales.

Otro aspecto que encendió alertas fue la reducción de sanciones por retrasos en las entregas. Según la revisión preliminar, penalizaciones que inicialmente rondaban varios millones de pesos habrían terminado reducidas de manera significativa bajo argumentos que el órgano de control considera insuficientemente acreditados.

Las observaciones adquieren mayor relevancia porque coinciden con las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre presuntas concentraciones de contratos entre determinados grupos empresariales vinculados al sector electoral.

Mientras continúan las indagatorias, persisten dos preguntas fundamentales: por qué empresas inicialmente descalificadas terminaron obteniendo el contrato y por qué no se permitió corregir las inconsistencias documentales de la propuesta que representaba el menor costo para las finanzas públicas.

Comentario
La historia parece sacada de un manual de burocracia avanzada: la opción más barata cumple técnicamente, pero queda fuera por una página faltante; la opción más cara termina ganando millones. Luego aparecen observaciones, dudas sobre proveedores y cuestionamientos sobre las penalizaciones. Al final, lo único que funcionó sin retrasos fue el incremento del costo para los contribuyentes. En México, a veces la austeridad resulta tan creativa que termina saliendo más cara.