Ciudad de México.: El partido Morena denunció la existencia de una presunta red de corrupción vinculada con proveedores de materiales y servicios electorales que habría operado durante distintas administraciones del Instituto Nacional Electoral, particularmente en los nueve años de gestión de Lorenzo Córdova como consejero presidente. Según el posicionamiento oficial, empresas relacionadas con un mismo grupo empresarial obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023.

La acusación ocurre en medio de la crisis institucional derivada de las presuntas irregularidades en contrataciones durante la administración de Guadalupe Taddei, quien renunció en octubre pasado. La Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera ya iniciaron revisiones y ordenaron el bloqueo de cuentas de 25 personas y 15 empresas, mientras la Fiscalía General de la República prepara una denuncia formal.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los antecedentes de esta red empresarial se remontan a los años 90, cuando los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Renapo y el CISEN, bajo la dirección de Juan Carlos Padilla. Posteriormente, se convirtieron en proveedores de material electoral en distintas entidades, acumulando contratos por más de 2,094 millones de pesos entre 2014 y 2023, y otros 646 millones entre 2024 y 2025.

Morena exigió explicaciones no solo a Córdova, sino también al exconsejero Ciro Murayama y al exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo, sobre las medidas que adoptaron para evitar la concentración de contratos en determinados proveedores. Además, pidió que las investigaciones incluyan a funcionarios actuales del INE.

Por su parte, Córdova rechazó los señalamientos y aseguró que su gestión ya fue auditada sin inconsistencias relevantes. En entrevista con Azucena Uresti, afirmó que el oficialismo busca desviar la atención de las irregularidades recientes bajo la administración de Taddei. “No temo a nuevas auditorías, pero no se debe usar mi nombre para encubrir responsabilidades actuales”, declar

La presidencia provisional del INE, encabezada por Blanca Cruz García, confirmó que el proyecto de denuncia contra quien resulte responsable ya fue entregado a los consejeros electorales para revisión jurídica. En paralelo, Sheinbaum adelantó que se presentará un decreto para ampliar la participación de dependencias federales en Talleres Gráficos de México, encargado de producir las boletas electorales.

El caso refleja un entramado de más de 27 años de contrataciones cuestionadas, con posibles vínculos políticos y empresariales que ponen en entredicho la imparcialidad del árbitro electoral.

Comentario: Porque claro, nada más “democrático” que un árbitro electoral con proveedores fantasma, contratos multimillonarios y políticos que se acusan entre sí… mientras la confianza ciudadana se evapora más rápido que las boletas impresas.