Chihuahua, Chih. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó un llamado al Gobierno Federal para fortalecer la atención en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, particularmente en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde persisten problemas relacionados con desplazamiento forzado, violencia y marginación social.

Durante declaraciones a medios de comunicación, la mandataria estatal afirmó que la llamada “cultura de la muerte” puede observarse en comunidades como San Juan Nepomuceno y Cinco Llagas, donde familias rarámuri enfrentan condiciones de vulnerabilidad derivadas de la inseguridad y la presencia de grupos delictivos en la región. Asimismo, criticó la ausencia de coordinación con la alcaldesa morenista Ana Luisa González Ábrego, al señalar que no existe comunicación institucional para enfrentar la problemática.

La región serrana de Guadalupe y Calvo ha sido identificada durante años por organismos de derechos humanos y autoridades como una de las zonas más afectadas por el desplazamiento interno en Chihuahua. Diversos informes documentan que comunidades enteras han abandonado sus hogares debido a disputas entre grupos criminales, situación que impacta especialmente a pueblos originarios como el rarámuri.

Campos Galván sostuvo que el Estado mantiene programas de apoyo alimentario, salud y seguridad para las familias afectadas, aunque insistió en que se requiere una estrategia conjunta entre los tres niveles de gobierno para devolver la estabilidad a la región.

La gobernadora también demandó mayor participación de las autoridades federales en la atención de las causas estructurales que afectan a la Sierra Tarahumara, una de las regiones con mayores índices de rezago social del país.

Comentario
Más allá de las diferencias partidistas, la situación de Guadalupe y Calvo exige resultados concretos. Los señalamientos entre autoridades reflejan un problema de coordinación institucional que termina afectando a las comunidades más vulnerables. Mientras continúen el desplazamiento y la inseguridad, la prioridad debe ser proteger a la población y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.